Cuando se habla de autogobierno, se suele pensar en un mal endémico de la democracia: la policía que impide ser conducida por la política. Pero este concepto es también atribuible al Ministerio Público Fiscal. Si no hay política criminal, si no hay modelo central de gestión de la defensa de la legalidad e interés general de la sociedad, los fiscales se reúnen a pactar en secreto el tipo de gestión de la legalidad.
 
En el esquema de autogobierno, cada fiscal hace lo que quiere aunque su límite es otro fiscal o una asociación de fiscales. La política criminal es demagogia, vacío y personalismo. Entonces la figura del Procurador, más que la jefatura de los fiscales, se transforma en un adorno, o bien alguien que “deje hacer” como parte de esa “hermandad” funcional a los intereses de una minoría. El Ministerio público autogobernado supone un pacto implícito de no jaquear ciertos intereses, sobre los que en definitiva, descansa su poder de permanecer.  
 
En este modelo, que recuerda al Tótem y Tabú de Freud, los “Fiscales autogobernados”, se reúnen a celebrar un pacto secreto que conspira todo el tiempo contra el eje central que los puede controlar y conducir: la figura del Procurador. La autonomía funcional de los representantes de la acción pública se pretende absoluta y no constitucionalmente relativa a la figura del conductor. Si el Procurador estorba con sus facultades de superintendencia, hay que removerlo, traicionarlo, devorarlo. Hay que hacer escándalo y hasta denunciarlo. El crecimiento de la figura del Procurador puede despertar el ánimo destituyente de la hermandad de fiscales, especialmente cuando la base de ese proyecto es transparente, proactivo y cuestiona el poder sobre el que descansa las reglas que les permiten acumular secreto-poder y privilegios.
 
Dicho de otro modo, el autogobierno de algunos fiscales federales y nacionales se apoya en el oscurantismo y autoritarismo de una tradición montada sobre el sistema procesal pseudoinquisitivo. Como el jefe Procurador los tiene acostumbrados a ser una figura de baja incidencia, los fiscales se auto-garantizan en función de los privilegios propios que el sistema inquisitivo les atribuye dentro de la estructura judicial en la que trabajan (altos sueldos, personal a cargo, viáticos, subrogancias, lugares de poco trabajo, nulas delegaciones, etc.). Claro que esto asegura un status quo: judicial, político, social y económico, y porque no mediático.    
 
La Procuración General de la Nación se corresponde con una estructura histórica anclada en raíces monárquicas francesas del siglo XVIII, y que los Procuradores que se sucedieron desde 1983 para acá, nunca tocaron; o si lo hicieron, fue para mantener ciertos privilegios, o de una legalidad o interés general que en el fondo representaba el interés particular de algunos. La herencia de una centuria de la cabeza del Ministerio Público, ha sido prácticamente la pasividad o la defensa solapada de intereses privilegiados como forma de gestión de la acusación y muchas veces impunidad estructural.
 
La estructura monárquica ha sido paradójica, pues ha devenido en la existencia de los fiscales autogobernados de Comodoro Py que prefieren Procuradores “adorno” que no se inmiscuyan en los intereses que aquellos protegen o dejan pasar. Pocas veces se ha puesto en crisis esta tradición; por ejemplo aquellos fiscales que atacaron la criminalidad económica que perpetuó el terror fueron perseguidos u hoy están desaparecidos (Nelly Ortiz). Por omisión o deliberación, los fiscales funcionales al desguace del Estado han sobrado y muchos de ellos aun permanecen en sus cargos. En definitiva, el sistema penal y los representantes del Ministerio Público Fiscal Nacional estuvieron, en su gran mayoría, dirigidos a perseguir perejiles.
 
Sebastián Soler, uno de los padres del derecho penal argentino, fue el defensor de la legalidad de la Revolución Liberatdora (de 1955-1958). Soler representa el modelo de Procurador que defendió los intereses de sectores poderosos que tomaron el poder por la fuerza y conservaron la estructura social desigual utilizando la defensa de la legalidad a secas y el interés general como fachada (kelseniana) para perseguir a aquellos que el poder quería eliminar. Este modelo es el que suelen anhelar los autogobernados fiscales, y también las corporaciones mediáticas y económicas. El modelo de Procuración “legalista” del pasado es funcional a los intereses de los poderosos y a los intereses de auto-conservación. Es el modelo de Procuración de muchas provincias.
 
Desde la vuelta a la democracia, nunca estuvo en crisis el modelo de autogobierno de los fiscales nacionales-federales, como en este momento. Aunque debe reconocerse en Esteban Righi un impulso importante en los juicios de lesa humanidad, en el fondo su modelo no modificó el autogobierno de fiscales ni el curso de la potestad punitiva sobre sectores vulnerables. La llegada de Alejandra Gils Garbó a la Procuración representa un salto histórico para el Ministerio Público Nacional. Siendo fiscal, su comportamiento fue contrario al autogobierno, se enfrentó a corporaciones desde la soledad. Que esa misma persona sea la que vino a dar una vuelta de página, no es casual (además, ¡una mujer! algo que el machismo judicial no suele tolerar).
 
Es necesario un nuevo rol del Ministerio Público para los tiempos que vienen. Ese cambio inevitablemente polémico por los intereses que toca, implica transformar la estructura de imaginarios internos, a la vez que penetrar zonas oscuras, de autoritaria hermandad, privilegios y autogobiernos. Dotar de reglamentaciones, capacitación, tecnología, estructura edilicia. Permitir ingreso al escalafón por concurso en forma igualitaria y democrática. Crear procuradurías, programas específicos, fiscalías de distrito, áreas de atención a víctimas y oficinas del ministerio en los barrios más vulnerables. Todo ello es inédito y se está haciendo, gracias a una conducción y potestad de superintendencia firme.
 
Los vulnerables, los más débiles e históricamente perseguidos, son el eje de toda la gestión de Gils Garbó. Es lógico que esto moleste a una estructura histórica dedicada a conservar privilegios y favorecer a los poderosos. Un cambio de gestión de estas características es lógico que traiga aparejado nuevos perfiles, prácticas e imaginarios. Un nuevo lenguaje. Aquellos que ven “amiguismo” o “pleitesía con el poder político” subestiman que esos perfiles pertenecen a personas que concursaron y fueron nombrados porque hablan un nuevo lenguaje. No hablan el lenguaje de la legalidad pura y falsamente ingenua de Sebastián Soler, sino el que nace de la axiología de los juicios de derechos humanos como legado (no es una casualidad que la mayoría de estos nuevos fiscales actuaran como colaboradores en esos juicios).
 
Estos nuevos fiscales no son facciosos. No se acuartelan como sus anteriores aun en funciones (¿algunos de esos viejos fiscales en funciones creerá que su jefe sigue siendo Agüero Iturbe, Nicolás Becerra o González Warcalde?). Los nuevos fiscales responden a una defensa de la legalidad e interés general en función de los más débiles. A estos fiscales les interesan los derechos humanos, la situación de las personas vulneradas. Los nuevos fiscales siguen los lineamientos de un proyecto de gestión basado en una conducción cuya pauta de política criminal será coherente con el modelo acusatorio recientemente sancionado.
 
La criminalización de la política a partir del autogobierno de los fiscales del viejo régimen, representa una forma de expresar la impotencia de ciertos sectores políticos para dar la batalla en el espacio legislativo y en la arena electoral. Claro que estos sectores también se dan cuenta que esos fiscales a los que acuden son funcionales a la operación mediática y esperan sus señales para golpear con los jueces alineados a ellos.
 
Todo esto es señal de que la Procuración se fortalece por la claridad y coherencia de su proyecto y disminuye el autogobierno tradicional en función de la verdadera autonomía del Ministerio Público. Aunque los medios pinten un agorero fin de ciclo y el camino implique un derrotero de resistencias. Aunque no les guste, por el tipo de desafío planteado, hay Gils Garbó para rato.

*Director Programa Acceso Justicia del MPF, ex defensor oficial