Pareció casi un juego del destino que a fines del año pasado se pronunciara la frase “finalmente, tuvimos un diciembre tranquilo”. Apenas si alcanzamos a repetirlo que se sucedieron dos hechos: el fiscal especial por la causa AMIA, Alberto Nisman, presenta el 14 de enero un escrito denunciando a la Presidenta de la Nación por encubrimiento de sospechosos del atentado a la mutual israelita; cuatro días después, fue encontrado muerto en su domicilio. Muerto, de forma traumática.

 

El hecho fue realmente una auténtica bomba política, que el país no vivía desde hacía mucho tiempo. Las reacciones acompañaron esa dimensión política: durante al menos dos días, la red social Twitter, tuvo el hashtag “#CFKasesina” en su tope de los temas más nombrados, incluso a nivel mundial. Los grandes medios, aseguraban que el gobierno no podía ser ajeno a esa muerte (que pendulaba en la afirmación entre un homicidio y un suicidio inducido, sin que se tuviera demasiada información de los hechos en sí mismos; pero ya se sabe, las interpretaciones suelen sobrepasarlos).

 

Así, fueron unos primeros días de verdadera guerra de la palabra por la interpretación de lo que había sucedido, y en particular de lo que podría suceder. Parte de la oposición política encontró, con estos hechos, una posibilidad inmejorable para instalarse en la discusión pública y correr una agenda electoral que hasta ese momento estaba casi exclusivamente en manos del gobierno nacional. Ya se ha dicho varias veces: la oposición política tiene serios problemas para instalar un tema en la agenda política, y debe resignarse a salir a contestar las iniciativas del gobierno. Ni siquiera cuando el FpV perdió la mayoría en el congreso (2009-2011) los diversos partidos de oposición lograron llevar adelante una agenda común de temas que presionara al Poder Ejecutivo desde el Legislativo, forzándolo, por ejemplo, a múltiples vetos. Apenas si dejó una marca, una acción testigo casi, como la implementación del 82% móvil. En definitiva, ni los propios recursos políticos (como poder reunir una mayoría en el Congreso) les alcanzaron para reconfigurar la agenda política.

 

De este modo la muerte traumática del fiscal, proveyó a la oposición la posibilidad de reconfigurar la discusión política, bajo un argumento, aunque falaz, no menos eficiente: el fiscal denuncia al gobierno; este muere trágicamente; el gobierno debe tener alguna responsabilidad, sino toda. Una lectura, en aquellos días, por los principales diarios de Sudamérica (socios de ADEPA) permitía cotejar cómo ese razonamiento corría sin mayores obstáculos por las tapas de todos los diarios de la región, preocupados por la persistencia del populismo. Se sabe, algunas afirmaciones pueden sostenerse no por su verosimilitud, sino por su oportunidad. En esa línea, “Nisman”, que ya no era el nombre de una persona fallecida sino una posibilidad de tomar y fundir decenas de mensajes, se convirtió rápidamente en lo que Laclau denominó significante vació. El hecho, tanto la denuncia del fiscal, como su muerte, desató la acción de un sinnúmero de actores, quienes hasta ese momento apenas si habían intervenido de algún modo en la causa que el fiscal manejaba. Lo que nos mueve a la conclusión que la causa AMIA era el tema menos importante en toda la discusión.

 

Así Nisman, que ya no tiene palabras porque falleció, pero que sigue presente por las acciones que él efectuó antes de morir, y por aquellas que le hacen “decir” quienes sí están vivos, se convirtió en un recipiente capaz de recibir y reunir diversos significados. Esa posibilidad fue la que generó que la movilización del 18 de febrero reuniese a una multitud que marchó desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo; ¿Llevaban todos los asistentes en sus mentes el mismo reclamo? ¿Veían todos en Nisman al mismo hombre público? Desde luego que no. La composición de quienes marcharon aquel día era una heterogeneidad imposible de fundir en un mismo espacio político. Pero esa diversidad, que con todo el rechazo al gobierno kirchnerista en última instancia era un lazo que los vinculaba, se hacía más compleja de unificar por la ausencia de un liderazgo con capacidad de conducción. La repetida y sobreactuada voluntad de los dirigentes políticos que marcharon, enfatizando el “a título personal” manifestaba el temor a leer de manera incorrecta la marcha, pero principalmente sus propios límites políticos frente a la sociedad. En el colmo de esa ambigüedad (de estar presente, pero como otro) aceptaron que los fiscales convocantes los alejaran rodeándose ellos mismos con un “corralito” divisor que distinguía a los “convocantes naturales” de quienes podrían tener la oculta intención de “hacer política”.

 

Si la marcha fue otro hecho relevante en el verano local, lo que fue sucediendo durante el mes siguiente correspondió, acaso, al otro lado de la moneda. La denuncia de Nisman ha sido desestimada primero por el Juez Federal sorteado y luego por la Cámara. La denuncia tiene otra instancia (Casación Penal), pero su debilidad política crece de manera notable. No faltó el opositor que defendiendo y marchando por el fiscal no dijese que aquella podía tener algunas debilidades. Pero sigue: hay más que sospechas de que Alberto Nisman manejaba con mucha discrecionalidad los fondos de la Unidad Fiscal AMIA; que allí trabajaba gente no idónea para las tareas que debían llevar adelante; que tal vez retenía parte del sueldo de sus empleados, que quizás uso fondos de la Unidad para actividades de entretenimiento personal. Y en el medio irrumpe, luego de encabezar también la marcha, su ex esposa, la jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, querellante en la causa, pero comportándose al fin y al cabo como una jueza. El modo en que encaró su posición, su fuerte presencia mediática, hizo que lentamente lo que era una caso político que tuvo al gobierno como blanco, se fuese desplazando a una multiplicidad de discusiones y conjeturas que vuelven al punto de partida (¿suicidio u homicidio?) pero que ahora tienen a otros actores en escena y cada vez menos al gobierno nacional. A tal punto esto ha sido así que el debate tiene más ribetes policiales que políticos. Fiscal y querellante se han criticado mutuamente en público, encerrando el caso cada día un poco más.

 

En el medio, quienes apoyan al gobierno nacional, también con sus heterogeneidades, pero con conducción política, llenaron la Plaza de los Dos Congresos el 1 de marzo, en claro apoyo a la presidenta.

 

Esta situación, por otra parte, ayuda a consolidar la tendencia que se adivinaba desde el principio, por las características que aquí en parte he mencionado: el “caso Nisman” está fuera de la campaña electoral. Dañó la imagen del gobierno nacional en los primeros días, pero como el caso fue en parte “ajeno” a los distintos actores políticos, a la oposición le sirvió tan solo para participar, e insisto no conducir, una confusa marcha contra el gobierno, que un mes después no pudo reunir 100 personas, llamadas por las mismas consignas que el 18 de febrero.

 

Y la sensación que flota es que si hubo actores ocultos en esta trama (servicios de inteligencia locales o internacionales) será difícil que pueda saberse su injerencia efectiva en este caso.

 

Y por otra parte, es probable que las dudas que se tienen sean difícilmente despejadas, porque los actores involucrados no están dispuestos a asumir las conclusiones a las que llegue el Poder Judicial si son contrarias a sus intereses, y entonces la duda quede como la única certeza.  

 

En el medio, se repite la lógica de la generación de política. El Ejecutivo logró aprobar en el Congreso un cambio en la ley de inteligencia nacional, creando entre otras cosas, un nuevo centro de formación; al mismo tiempo, buena parte de la oposición, no pudo sobrepasar en el aprovechamiento de un caso que implicó una muerte, lanzando  innumerables e incluso disparatadas acusaciones al gobierno, pero no pudo traducir políticamente un hecho de esta características. En eso, podría decirse, no ha cambiado nada.

 

 

* Politólogo, UBA/FLACSO/UNAJ