El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se tomó un puñado de días en la gestión para frenar el intento de democratizar la comunicación, una postura que había anticipado durante la campaña electoral, pero que tuvo que acallar a raíz de la decisión de sectores con mucho peso dentro de la fuerza que lo respalda, el Frente Amplio.

   

Desoyendo el pedido del entonces candidato, el Congreso uruguayo avanzó en el tratamiento y sancionó a fines de diciembre de 2014 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 19.307, después de un prolongadísimo período de dudas, cavilaciones, avances y retrocesos. La pretensión de Vázquez era que el Legislativo esperara el recambio institucional surgido de las elecciones. Dicho de otro modo, congelar hasta que él reasumiera el mando.

  

Hasta entonces el Frente Amplio, un conglomerado de fuerzas políticas diferenciadas por matices solo en apariencia menores, no había podido avanzar, ya que el propio presidente en ejercicio, José Mujica, no había dado muestras de determinación para enfrentar la concentración mediática que padece su país, que en lo estructural es parecida a la de todos los de la región.

  

De hecho, Mujica había desmentido que su gobierno se propusiera impulsar la iniciativa mientras desde algunas de las oficinas del Ejecutivo salían borradores y anteproyectos, en un juego de contrapesos que tuvo el resultado de frenar la marcha. Llegó a decir, además, que “la mejor ley de medios es la que no existe”. Posteriormente, cuando las fuerzas más progresistas del Frente dieron muestras de que no se dejaban intimidar por este contexto y ratificaron propósitos que son, por otra parte, programáticos, Mujica se esmeró en decir con insistencia que una ley de comunicación democrática en Uruguay no sería igual a la de Argentina, porque no buscaría controlar contenidos. Parecía hablar, por esos días, como si fuera un lector devoto y convencido por los redactores de turno de Clarín y La Nación.

  

Debió, finalmente, ceder, y el discurso fue otro, como cuando expresó que la nueva norma es necesaria para que el sistema mediático en Uruguay no termine en manos de gigantes extranjeros de la región, como los grupos Clarín y Globo.

  

“Salió la nueva ley”, como gritaban antaño los vendedores callejeros, pero el empresariado uruguayo no se dio por vencido: puso en marcha su maquinaria y presentó recursos de inconstitucionalidad que en Uruguay, a diferencia de Argentina, se tramitan directamente ante la Suprema Corte.

  

La 19.307 requiere, como cualquier ley, una reglamentación. Tabaré Vázquez le confirmó a comienzos de marzo a uno de los medios hostiles al Frente Amplio, el diario El Observador, que frenará ese procedimiento hasta que se pronuncie el máximo tribunal.

  

La corpo mediática, diríamos de este lado del río marrón, celebró con alborozo: “Váquez bloquea la ley de medios”, se pudo leer en algún titular, a lo que respondió Comunicación Democrática, coalición de organizaciones sociales que tiene algún parentesco con la que tanto luchó y lucha en Argentina por la circulación libre de la información y la palabra. La norma, dijo, está con vigencia plena, y hay un sinfín de disposiciones que se pueden aplicar.

  

La coalición “recuerda que dicha norma está vigente desde el 29 de diciembre de 2014, fecha en que fue promulgada por el Poder Ejecutivo” y “reclama a los distintos poderes y organismos del Estado que cumplan con las disposiciones establecidas en la ley, muchas de las cuales no requieren reglamentación”.

  

Tabaré Vázquez está estrenando mandato y tiene los bolsillos aún llenos del capital político dado por un triunfo electoral que fue más holgado respecto de lo que se esmeró en anunciar el sistema mediático opositor al que ahora trata con tanta ternura. La convivencia amorosa que parece buscar con ese poder es de pronóstico difícil: ya se sabe que esa no es gente capaz de amar y ser leal.

 

 

*Hugo Muleiro, escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA).