Uruguay y la impunidad
Que treinta años de democracia no es nada
El pasado martes 19 de mayo el presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto que creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia con el cometido de indagar los crímenes cometidos por el Estado entre 1968 y 1985, es decir, desde cinco años antes de que se instalara en el Uruguay la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Vázquez formuló el anuncio de la integración del grupo de trabajo 24 horas antes de que más de 100 mil personas recorrieran la Avenida 18 de Julio en la vigésima Marcha del Silencio que esta vez llevó la consigna “¡Basta ya de impunidad!”, representando el hartazgo porque el reclamo de justicia sigue sin escucharse y la herida de los derechos humanos continua abierta 30 años después de recuperada la democracia.
Por William Puente*
(especial para La Tecl@ Eñe)
El pasado martes 19 de mayo el presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto que creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia con el cometido de indagar los crímenes cometidos por el Estado entre 1968 y 1985, es decir, desde cinco años antes de que se instalara en el Uruguay la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Por los mismos días el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, trataba de “imbéciles” “mentirosos” y “enfermitos” a integrantes de organizaciones de derechos humanos a las que acusaba de “estigmatizar” a los militares y también se conocía que, dos días antes de finalizar su mandato, el ex presidente José Mujica firmó otro decreto, pero para erigir un monumento con la fundición de armas que pertenecieron a los tupamaros y a los militares que los combatieron y resaltar de esta manera una supuesta “reconciliación” de ambos bandos, en lo que pareció ser una revalorización de la teoría de “los dos demonios”.
Vázquez, quien manifestó desconocer la iniciativa del Pepe, formuló el anuncio de la integración del grupo de trabajo, que él mismo encabezará, 24 horas antes de que más de 100 mil personas recorrieran la Avenida 18 de Julio, desde el Cordón hasta la céntrica Plaza Cagancha de Montevideo, en la vigésima Marcha del Silencio que esta vez llevó la consigna “¡Basta ya de impunidad!”, representando el hartazgo porque el reclamo de justicia sigue sin escucharse y la herida de los derechos humanos continua abierta 30 años después de recuperada la democracia. Ignacio Errandonea, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos, explicó que a medida que no se avanza sobre las causas que investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, “la impunidad es cada vez mayor. Se están muriendo los testigos, las víctimas y los culpables. Y la Justicia evita actuar porque si el imputado se muere no hay juicio. O se dan pasos decisivos ahora o, por la vía de los hechos, la impunidad se va a consagrar”.
Algunos sectores del Frente Amplio han comenzado a reclamar abiertamente la renuncia del ministro de Defensa quien, molesto con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) –que le reprochaba su falta de colaboración para responder a requerimientos de abogados, jueces y fiscales que investigan causas de crímenes de lesa humanidad-, aseguró que esa asociación humanitaria es financiada por “organizaciones nazis”. “Si el Serpaj me autoriza a torturar durante un mes, quizás conseguiría información de los militares”, manifestó irónicamente Fernández Huidobro.
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, rechazó los intentos de “reescribir la historia” del pasado reciente por parte de altos funcionarios del gobierno frenteamplista y el periodista Samuel Blixen, quien permaneció encarcelado entre 1972 y 1985 por su pertenencia al MLN, aclaró en una nota publicada en el semanario Brecha, donde trabaja, que “los tupas de la vieja guardia, sin encuadre político y dispersos, reiteran el rechazo a una extralimitación repetida: la de considerar que las posturas y los dichos de los ‘tupas institucionales’, aquellos que ocupan cargos en el gobierno, representan el sentir y la opinión de la totalidad de quienes integraron el MLN en los años 60-80. Más aún: dicen sentir vergüenza ajena por las afirmaciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, banalizando la tortura y arremetiendo contra las organizaciones que exigen, del ministro y del gobierno, el cese de una política cómplice con los terroristas de Estado”.
En el Uruguay permanece vigente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado contra los responsables del terrorismo de Estado que ha asegurado la inimputabilidad de los criminales, y que no pudo ser anulada por dos plebiscitos populares ni por dos gobiernos del Frente Amplio conducidos por Vázquez y Mujica, respectivamente, con mayorías parlamentarias absolutas. De todos modos, los jueces han podido utilizar durante estas dos últimas administraciones el artículo 4º de la ley, que establece que con la previa autorización del Poder Ejecutivo se pueden indagar algunas denuncias “relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”, lo que ha posibilitado el procesamiento de tres decenas de uniformados a partir de 2005.
Aunque Vázquez y Mujica han autorizado esas indagaciones, funcionarios con pocos bríos para ayudar a jueces y fiscales que a contracorriente intentan alcanzar la verdad y castigar a los culpables, sumado a un tribunal supremo que convalida los sobreseimientos a criminales, enlentecen o abortan las causa investigadas.
AQUEL SOL ROJO
El Ñato Fernández Huidobro fue un antiguo integrante de la conducción del Movimiento de Liberación Nacional, a quien sus compañeros respetaban y llamaban El Sol Rojo, y al que se le atribuye la redacción de buena parte de los principales documentos elaborados por la organización en tiempos de la clandestinidad. Apresado en 1969, fugado en 1971, vuelto a apresar en 1972, fue uno de los nueve “rehenes” de la dictadura, al igual que José Pepe Mujica y Raúl Sendic, quienes permanecieron 12 años en celdas de aislamiento de distintos cuarteles, en condiciones inhumanas y hostigados permanentemente. Con el retorno de la democracia, Huidobro se convirtió en senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP) –fundado por el MLN con el Partido por la Victoria del Pueblo y organizaciones menores- y fue reelegido en 2004, convertido en el legislador más votado junto con Mujica.
Cuando en 2005 Mujica presidió la sesión inaugural del nuevo Parlamento tras el primer triunfo del Frente Amplio, fue invistiendo uno a uno a cada senador y finalmente visiblemente emocionado cedió su lugar al Ñato diciéndole: “Compañero del alma de todas las horas, tómeme el juramento". Fernández Huidobro concluyó el acto también conmovido y con las palabras "felicitaciones, querido hermano". El cantautor Daniel Viglietti dijo entonces que “el hecho de que entre los nuevos gobernantes elegidos por el pueblo haya personas que hasta hace apenas veinte años eran definidas como terroristas, subversivos, enemigos de la patria, innombrables, eso es un vuelco histórico enorme”. Manifestó que la llegada de la izquierda al gobierno del Uruguay era “como un abrazo que nos devuelve la historia” pero destacó que a partir de allí era necesario que su programa se cumpliera, “como en las canciones en que la letra está abrazada a la melodía”.
En 2007 Fernández Huidobro se alejó del MPP, presentó su renuncia al MLN y fundó dentro del Frente Amplio la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L). En mayo de 2011 renunció a su banca en el Senado, descontento porque el FA había ordenado votar una ley “interpretativa” que anularía los efectos de la Ley de Caducidad y posibilitaría encarcelar a los militares torturadores (el proyecto terminó siendo finalmente rechazado en Diputados). El Ñato siempre tuvo buen diálogo con los militares y se le reconoce cercano a la Logia Tenientes de Artigas, uno de los varios grupos de este tipo que existen en el ejército. El actual comandante del arma terrestre desde febrero último, general Guido Manini Ríos, integra esa logia que nucleó a varios de los generales golpistas que participaron activamente de la dictadura. Durante los actos del Día del Ejército Nacional el pasado 18 de mayo, Manini Ríos se victimizó en su discurso y dijo que "los soldados piden reconocimiento por el incesante aporte (a la sociedad) y que no se los humille y desprecie con soberbia, que no se los denueste por prejuicios del pasado".
Desde tiempo atrás el ministro defiende la idea de que durante los años de plomo los combatientes en una y otra trinchera fueron “los tupas y los milicos” y, en definitiva, eso los iguala. Y cree que la responsabilidad del enfrentamiento la tuvieron los políticos, los banqueros, los personajes del establishment que no se mancharon en aquella “guerra”. Huidobro parece haber olvidado que no existió una guerra, sino que hubo un ejército armado por el Estado que reprimió a un grupo irregular y a otros grupos, a partidos de izquierda, sindicatos, al movimiento estudiantil, a militantes de organizaciones barriales, a religiosos y a ciudadanos comunes sin ningún encuadre. Y si bien cumplieron órdenes de los responsables civiles, las fuerzas armadas y las policiales usaron con ensañamiento el secuestro, la tortura, las violaciones, los asesinatos y la desaparición de personas.
Quizás fue durante su detención en el Batallón de Infantería Florida Nº1, cuando fue detenido por segunda vez en1972 y ya en plena derrota militar del MLN -que quedó sin capacidad operativa- el momento en que Fernández Huidobro inició ese diálogo con los uniformados. Las posiciones que fue adoptando provocaron por aquel tiempo su rompimiento con el Bebe Sendic, líder histórico de los tupamaros, fallecido en 1989, y quien nunca se doblegó. En una entrevista radial en 2002 El Ñato explicó sus vinculaciones con los uniformados. “¿Usted tiene diálogo con militares que lo torturaron?”, le preguntó el periodista. “Sí, sí, ni que hablar. No tuve más remedio que tenerlo durante 13 años (en la prisión)... Me faltaron dos para jubilarme de milico”.
En julio de 2011, el presidente Mujica designó al Ñato como ministro de Defensa Nacional, cargo en el que lo ratificó Vázquez al asumir este año por segunda vez la jefatura del Poder Ejecutivo. El presidente del Centro Militar, coronel retirado Guillermo Cedréz, opinó entonces que Fernández Huidobro “es alguien que puede conocer un poco más el tema (militar) que cualquier otra persona. Es alguien que estuvo junto a nosotros en la línea de fuego, nosotros de un lado y él del otro”. Y concluyó en que “hay más justas expectativas” sobre el desempeño del nuevo ministro “porque tiene mayor conocimiento de la cosa por haber convivido circunstancias…“
El coronel Cedrez es el mismo que en la semana en que Vázquez creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, negó en una nota editorial de la revista El Soldado que hubiera existido el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur americano en las décadas del ’70 y ’80. “Para mí no había un Plan Cóndor, yo no tengo pruebas de que existiera”, escribió. Varios militares uruguayos enfrentan juicios en Argentina, Chile, Italia y en su país por haber participado justamente de aquella operación consistente en secuestros y asesinatos.
Fernández Huidobro ha intervenido en varios casos para defender a oficiales procesados y la central obrera PIT-CNT ha manifestado su preocupación porque los organismos estatales, y en especial el Ministerio de Defensa, no aportan la información requerida por los tribunales y entorpecen las investigaciones.
En el año 2010 la jueza Lilián Elhorriburu procesó a los coroneles retirados Juan Carlos Gómez y José Gavazzo en la causa por el asesinato del tupamaro Roberto Gomensoro Josman, secuestrado en 1973 y cuyo cuerpo fue encontrado seis días después en las aguas de la represa de Rincón del Bonete, al borde de los terrenos del Batallón de ingenieros Nº 3. Gomensoro fue castrado y murió desangrado. Pero sorpresivamente en 2012 el ministro Fernández Huidobro difundió una carta en la que alegaba la “inocencia” de Gómez y aseguraba que la muerte de Gomensoro ocurrió en el cuartel de La Paloma, en Montevideo, y no en el cuartel de Paso de los Toros cercano a la represa, aunque no aportó los nombres de los supuestos culpables. La jueza se molestó y dijo que recién “ahora resulta que se acordó que sabía algo, dos años después de haber procesado a una persona que él dice que es inocente". Pero quizás la afirmación del ministro sirvió para dar argumentos a las apelaciones y finalmente en ese mismo año la jueza de Tacuarembó, Karen Cuadrado, sobreseyó a los militares acusados y liberó a Gómez, aunque Gavazzo siguió en prisión por otras causas.
El 27 de septiembre de 2012, la jueza Mariana Mota, y un grupo de seis ex presos políticos ingresaron a las instalaciones del Batallón de Infantería Blindada Nº 13, en el Camino de las Instrucciones, en Montevideo, para inspeccionar el lugar donde funcionó el centro de torturas conocido como “Infierno grande” o “300 Carlos”, pero los peritos policiales no pudieron hacer los registros fotográficos para incorporar a las causa porque un alto oficial se lo impidió por orden del ministro Fernández Huidobro. En esas instalaciones, en 1976 fue torturada y presuntamente asesinada la maestra Elena Quinteros –sacada por la fuerza de los jardines de la Embajada de Venezuela, lo que provocó la ruptura de relaciones entre Caracas y Montevideo- y también permaneció detenida y quizás fue ultimada y enterrada María Claudia García, nuera del periodista y escritor argentino Juan Gelman.
El periodista Roberto Porley, quien durante la dictadura permaneció detenido en el “300 Carlos”, es querellante en la causa e ingresó aquel día con Mota al cuartel, dijo en declaraciones al autor de esta nota que “el hecho nos sorprendió por la inesperada actitud del ministro”. Porley manifestó que en un galpón a los fondos de las varias edificaciones del cuartel donde él estuvo prisionero, “entre 1975 y 1977 funcionó el mayor centro de torturas y desapariciones existentes en esa época. Por allí pasaron al menos 600 personas detenidas y ocho de ellas permanecen hasta hoy desaparecidas. Los restos de un noveno desaparecido, el escribano Fernando Miranda, secuestrado por el ejército en 1975, fueron hallados en 2005 en terrenos del Batallón 13”. La prohibición fue una obstrucción a la Justicia -porque las fotos iban a ser adjuntadas a la documentación de la causa-, y retrasó la investigación. La Justicia ordenó ahora que en este mes de junio se vuelva a ingresar al lugar para cumplir el peritaje fotográfico.
En el año 2006, Tabaré Vázquez había creado el cargo de Coordinador de Inteligencia, que debía ser ocupado por un civil y dependería directamente de la Presidencia. Sería el supervisor y jefe de todos los servicios de inteligencia del país, como los del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Cancillería o el Banco Central. El nombramiento recién fue hecho en 2010 por Mujica y recayó en Augusto Grégori, un tupamaro que había caído preso el 8 de octubre de 1969 cuando participaba de la toma de la ciudad de Pando por el MLN. Antes de esta designación, Grégori había sido un estrecho colaborador de la ministra de Defensa del gobierno de Vazquez, Azucena Berrutti. Fue Gregori quien alertó a Berrutti sobre la existencia y del lugar exacto (incluso la habitación y el armario) donde estaban guardados archivos secretos de la dictadura en una dependencia militar. Esa valiosa documentación fue recuperada por el gobierno de Vázquez, pero posteriormente no se dieron detalles de su contenido. En 2012, el presidente Mujica y el ministro Fernández Huidobro firmaron un decreto que posibilitó que el cargo de Coordinador de Inteligencia pasara de la órbita civil a la militar. Grégori renunció y el puesto fue ocupado entonces por el general de la fuerza aérea José Ramón Bonilla.
La senadora Constanza Moreira –quien el año pasado disputó a Vázquez la candidatura del Frente a la presidencia- en los últimos meses ha criticado duramente al ministro de Defensa Nacional y afirmó que éste ha ejercido una protección de la corporación militar “consistente, sistemática, y por cierto, muy poco alineada con principios rectores del FA”. La legisladora considera que en los últimos años el desempeño del Ministerio “ha fortalecido a la corporación militar y sus privilegios”, y que el Frente Amplio “ha retrocedido varias casillas” desde las resoluciones del último Congreso y ”ha fracasado sobre temas de defensa”, como la eliminación de la “Justicia militar”, el pasaje de la aviación civil a la órbita civil, la modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas o la modificación del sistema educativo militar.
Julio Castro
UN TRIBUNAL MUY ESPECIAL
El pasado lunes 20 de abril en el remoto poblado de Isidoro Noblía, en el departamento uruguayo de Cerro Largo y a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, se inauguró la Colonia Julio Castro, un predio de 700 hectáreas que alojará a 24 familias de tres cooperativas rurales y que lleva el nombre de un periodista y maestro de escuela secuestrado por la dictadura, desaparecido por 34 años y cuyos restos fueron hallados en 2011 enterrados en un cuartel militar. Dos días después de cumplido este homenaje, y como una ironía dolorosa, la Suprema Corte de Justicia confirmó la absolución del policía Ricardo Zabala, el único detenido en la investigación por el asesinato de Julio Castro, cuyo caso volvió a sumergirse en las sombras de la impunidad. Este hecho también reforzó la determinación de los participantes en la última Marcha del Silencio.
El ministro de la Corte Ricardo Pérez Manrique, quien fue el único de los cinco miembros de la corporación que votó en contra del fallo, aseguró que existían “elementos de sobra para sostener la culpabilidad de Zabala”. Pero la causa se resolvió de la misma forma que otras similares en los últimos tres años, con complicidades de silencio y la actuación del Tribunal de Apelaciones de 4º Turno, que parece dedicado a revocar sentencias por violaciones a los derechos humanos alcanzadas con gran esfuerzo de jueces y fiscales, quienes incluso han tenido que sortear la escasa colaboración del Ministerio de Defensa Nacional.
Julio Castro, nacido en 1908, fue redactor responsable del mítico semanario Marcha que dirigía Carlos Quijano, hasta su clausura por la dictadura en 1974. También fue maestro, profesor de filosofía de la educación y uno de los fundadores de la Federación Uruguaya de Magisterio. Viajero incansable, asesoró proyectos educativos realizados con la cooperación de la UNESCO y residió por algún tiempo en países del continente como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana o Venezuela. Junto con el maestro Miguel Soler Roca impulsó la experiencia de las escuelas-granja de La Mina en Cerro Largo, desmanteladas a fines de la década del ’60 por un gobierno blanqui-ruralista, aunque dieron señales de renacimiento en abril último en Isidoro Noblía.
A Julio lo secuestraron agentes del Servicio de Información y Defensa (SID) el 1º de agosto de 1977 cuando caminaba por la zona de las avenidas Rivera y Soca, en cercanías del Estadio Centenario. Tenía 68 años. Había sido seguido por el entonces comisario inspector Ricardo Zabala, el militar Julio César Barboza –quien no fue procesado- y otro militar que no pudo ser identificado. El propio Zabala relató al juez de la causa Juan Carlos Fernández Lecchini que, ayudado por Barboza, trasladó a Castro hasta una casona ubicada en avenida Millán y Loreto Gomensoro donde funcionaba un centro de torturas y detención clandestino del SID. A partir de ese momento, Castro –quien ayudó a numerosos compatriotas a escapar de la dictadura- se convirtió en un “desaparecido”.
Eduardo Galeano, quien bien lo conoció, escribió sobre él cuando en 2011 fueron hallados sus restos mortales: “En los huesos de Julio Castro está el más certero retrato de la dictadura militar. Dime a quién odias y te diré quién eres: A Julio lo mataron y lo desaparecieron porque era un hombre solidario y digno, porque jamás humilló ni se dejó humillar, porque era querido y queriente, porque era respetador y respetado, porque era un hombre vivido y sabio, el más modesto de los sabios, y su sencilla manera de vivir y de escribir ofendía a la arrogancia armada, y porque tenía un invencible sentido del humor, que siempre lo ayudó a ser más fuerte que el miedo”. La Comisión para la Paz creada por Jorge Batlle durante su Presidencia (2000-2005) –que recogió discretamente datos ofrecidos por los militares para conocer lo ocultado por la dictadura- cerró su investigación sobre el destino de Julio Castro aceptando los informes de que sus restos fueron desenterrados e incinerados, y sus cenizas arrojadas al río. Posteriormente el jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, le envió un informe al presidente Tabaré Vázquez durante su primer mandato y también le aseguró que los restos de Castro fueron enterrados en el Batallón 14 de Infantería, en Canelones, pero que después "habrían sido exhumados y cremados" y sus cenizas "esparcidas en la zona".
Valió la pena no creerles a los mentirosos y seguir buscando los huesos del maestro que, finalmente, fueron encontrados el 21 de octubre de 2011 durante excavaciones del grupo de antropología encabezado por José López Mazz, en una fosa a 1,40 metro de profundidad en el Batallón 14. Fue determinante para el hallazgo la información aportada a los arqueólogos por un ex soldado. Los restos mostraban signos de apremios físicos, tenía las manos atadas y las piernas o los pies amarrados con alambres, presentaba un golpe fuerte en el tórax y un balazo en el cráneo hecho de frente. Julio fue ejecutado después de torturado.
En abril último, durante la inauguración de la Colonia Julio Castro en el poblado Isidoro Noblía también se homenajeó allí al maestro de origen catalán Miguel Soler Roca, amigo de Julio durante décadas y su compañero en la experiencia de La Mina y en las misiones socio-pedagógicas que emprendieron. Lúcido y coherente a sus 97 años, dijo que la lucha continúa y “el camino a recorrer será aún largo”. Las palabras de Soler fueron claras y didácticas: “Son muchas las víctimas desaparecidas y todas tienen derecho a la misma luz. Y en el caso de Julio, es poco lo que sabemos del proceso que llevó del secuestro a la tortura y de ésta al balazo asesino y a la sepultura clandestina. Todo envuelto en la mentira. El terrorismo de Estado mata y miente durante más de treinta años. Los conjurados agravan, con su contumaz silencio y sus embustes, sus imprescriptibles delitos. Y en este silencio absoluto, cómplice y persistente, todos los integrantes de las que entonces llamaban Fuerzas Conjuntas, con la reducida excepción de quienes valerosa y dignamente los enfrentaron dentro de sus propias filas en defensa de la democracia, mantienen su condición de cobardes asesinos. Su mutua solidaridad los hace colectivamente culpables. A todos”.
En sintonía con algunas actitudes del gobierno, la Suprema Corte de Justicia, integrada por los doctores Jorge Chediak González, Jorge Larrieux Rodríguez, Jorge Ruibal Pino, Felipe Hounie Sánchez y Ricardo Pérez Manrique, ha adoptado posiciones que contribuyen a que la impunidad siga campeando en el Uruguay.
El 13 de abril de 2011 la Corte creó el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno que pasó a tener un fuerte protagonismo negativo en los casos de derechos humanos, como la absolución del secuestrador de Julio Castro.
El 17 de agosto de 2012, ese tribunal sobreseyó y dejó en libertad a los coroneles retirados Walter Gulla y Enrique Rivero, procesados un año antes por el juez Ruben Saravia por el homicidio especialmente agravado del tupamaro Horacio Ramos, ocurrido en 1985 en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, conocido como Penal Libertad. Gulla era director de esa cárcel cuando Ramos apareció ahorcado en una celda de castigo y aislamiento en el módulo conocido como “La Isla” y las autoridades dijeron que se trató de un “suicidio”. Pero luego de recoger testimonios, observar la celda y hacer una autopsia psicológica, Saravia dictaminó que "está probado que Ramos no se suicidó como se planteó inicialmente", sino que "fue víctima de homicidio por parte de quienes ejecutaban las directivas impartidas" por Gulla. Rivero fue cómplice. Pero la investigación y el detallado fallo no fueron atendidos por el tribunal de alzada que dictaminó el sobreseimiento de ambos militares luego de otro reconocimiento de la “Isla”, que en este caso se realizó cuando el lugar había sido demolido y ya no existían ni la reja ni la cama que eran elementos probatorios, como lo denunció la ex fiscal Mirtha Guianze.
Poco después, el mismo Tribunal de Apelaciones de 4º Turno sobreseyó al ex dictador, general Gregorio Alvarez, en la causa por la horrible muerte sufrida en el Hospital Militar por el tupamaro Roberto Luzardo en el año 1973. Luzardo estaba parapléjico, inmovilizado en una cama de la sala 6 debido a una herida de bala en la columna vertebral sufrida en el momento de su detención un año antes. Fue acusado de haber integrado el comando que ejecutó al general Artigas Alvarez, hermano de Gregorio, quien era entonces jefe del Estado Mayor Conjunto. Gregorio visitó la sala y ordenó que a ese detenido no se le prestara atención ni se le alimentara, y prohibió que otros presos internados en el pabellón lo asistieran. Con el cuerpo paralizado, sin ser movido de su posición sumado a la falta de higiene, la piel comenzó a llenarse de escaras y el paciente murió entre sufrimientos. En realidad, Luzardo no había participado del atentado contra el general. El dictador fue absuelto pero permanece en prisión y procesado por otros homicidios.
El 15 de febrero de 2013 la Corte dio un paso significativo y, sin brindar ninguna explicación, trasladó del fuero penal al civil a la jueza Mariana Mota, quien tenía a su cargo medio centenar de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que ya no pudo continuar. Entre otros fallos, el 10 de febrero de 2010 Mota había condenado a 30 años de prisión al dictador Juan María Bordaberry por los delitos de "atentado a la Constitución" y 10 homicidios "muy especialmente agravados". En los meses anteriores a su separación había existido una gran presión mediática de la derecha contra la jueza Mota a quien, incluso, habían intentado hacerle un juicio por su participación en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011 y la SCJ le abrió un expediente que finalmente archivó.
DOS DECRETOS, DOS ESPÍRITUS
Ahora, la creación del Grupo de Trabajo instalado por un decreto de Vázquez enciende una luz de esperanza en el camino de búsqueda de la verdad y en procura de la justicia. El equipo quedó integrado por el propio presidente, el vicepresidente Sendic Rodríguez, delegados de las iglesias Católica y Metodista, de la religión afroumbandista, de la colectividad judía, de la asociación de familiares de desaparecidos y de militantes por los derechos humanos, como la diputada frenteamplista Macarena Gelman, nieta de Juan Gelman. El decreto estableció que el Grupo "tendrá como propósito esencial investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de estado, durante los períodos comprendidos entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 y del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985".
Significa que las investigaciones no sólo alcanzarán a la última dictadura sino a los gobiernos constitucionales colorados de Jorge Pacheco Areco, quien asumió en diciembre de 1967 tras la muerte del presidente Oscar Gestido, y que entregó la banda presidencial en 1971 a Juan María Bordaberry, y a la administración de éste, quien se convirtió en dictador y funcional a los militares a partir de 1973. Durante la pre-dictadura, Pacheco y Bordaberry gobernaron con reglamentaciones excepcionales, como las Medidas de Pronta Seguridad o el Estado de Guerra Interna y hubo más de un centenar de atentados de un “escuadrón de la muerte” contra partidos de izquierda, sindicatos, militantes y abogados, asesinatos y torturas en los cuarteles, todo ello nunca aclarado.
El PIT-CNT dirigió una carta a Vázquez para señalar que “el hecho de no haber tenido el Estado uruguayo una política que desestructurara la impunidad, no debe ubicar sus causas solamente en los aspectos jurídicos. También tiene que ver con aspectos de orden estructural e institucional. Aspectos estos que no deben continuar recayendo en las espaldas de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben ser encaradas y resueltas por el Estado, ya que. la tarea de investigar sigue siendo parte de los deberes del Estado. No es una tarea que deba descansar sobre una suerte de Comisión Ad-hoc integrada por la sociedad civil”. La central sindical pidió que en especial los ministerios de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores aporten “toda la documentación de interés” y la colaboración que le sea solicitada.
Al mismo tiempo se conoció a través del semanario Búsqueda que dos días antes de entregar la banda presidencial el pasado 1º de marzo Mujica firmó el decreto Nª 4.039 que dispuso levantar un monumento con la fundición de armas que supuestamente pertenecieron a los tupamaros y a los militares que los combatieron en el pasado. Para este propósito la empresa siderúrgica Gerdau Laisa SA hizo una donación consistente en tres palanquillas de metal, “producto de la fusión de las armas”. El espíritu del decreto es “superar” los sentimientos de enfrentamiento que puedan pervivir en la actualidad.
Sin intentar hacer futurismo, parece improbable que la iniciativa prospere, cuando un sector de la sociedad sigue reclamando conocer la verdad escondida durante décadas por quienes quieren aferrarse a unos huesos que ocultan como su triste “botín de guerra” y mientras un grupo de trabajo creado por el gobierno se dispone a averiguar los aspectos más dolorosos del pasado reciente y abrir las puertas a la justicia.
María La Parda Topolansky, hermana melliza de la senadora Lucía La Tronca Topolansky –esposa de Mujica- ha sido crítica de algunas acciones políticas de su cuñado. Ella integró el MLN y permaneció varios años presa y en la actualidad reside en una chacra de las afueras de Paysandú, donde en una época funcionó una base operativa de los tupamaros, y donde tiene como mascota a Pulgosa, hermana de la perrita Manuela que pertenece al Pepe.
La Parda ha dicho que no está de acuerdo con el planteo hecho más de una vez por Mujica de liberar a los militares presos por entender que son “viejos” y deben irse a su casa. “Quienes están presos por delitos de lesa humanidad, deben purgar sus penas”, afirma María, y añade que “el terrorismo de Estado abarca a todos los desaparecidos, a todos los asesinados, a todos los torturados, a toda la sociedad que vio cercenados sus derechos más elementales. Cuanto más tiempo pasa más difícil es encontrar pruebas y demostrar los hechos pero hay un solo camino. Hay que seguir”.
En el año 2005, durante una entrevista para la agencia Ansa que le hicimos a Eduardo Galeano cuando asumía el primer gobierno del Frente Amplio, dijo el escritor: “Los malos poetas del realismo socialista decían que la esperanza es de acero. No es de acero, es de cristalito nomás. Y entonces hay que cuidarla. Y sería muy grave, sobre todo para las generaciones nuevas, que el gobierno del Frente no marcara diferencias en relación a los gobiernos anteriores”.
*William Puente nació en Pintado, departamento de Florida, Uruguay. Desde 1960 fue redactor en los diarios El País, Hechos y La Idea y en el semanario Marcha, de Montevideo. Entre 1967 y 1971 estuvo en las mesas de edición latinoamericana de Inter Press Service, en Santiago de Chile y en Montevideo. Desde 1973 en Buenos Aires, en los diarios Noticias, El Mundo, La Razón y Sur, las revistas Análisis, El Periodista y El Ciudadano, las agencias EFE y ANSA y el noticiero del Canal 7 de televisión donde también fue realizador de El Latinoamericano. Entre 2004 y 2007 a cargo de la oficina de ANSA en la capital uruguaya.