Alejandro Corda, abogado e Investigador de Intercambios Asociación Civil Intercambio, presentó el libro “Personas que usan estupefacientes en Argentina. De “delincuentes-enfermos” a sujetos de derechos”, en el cual muestra claramente “las consecuencias de la criminalización, de la respuesta penal: criminalización de usuarios, aumento de la población carcelaria con población en especial estado de vulnerabilidad.  En Argentina el 38% son causas por tenencias de consumo, es decir son causas de usuarios. Es importante revisar la acción de las agencias penales, especialmente la policía”.

Además hizo hincapié en la situación de las mujeres, considerando que “el aumento de la población de mujeres en cárceles federales aumentó un 217 %, y el hecho de que se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como efecto que se haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin ir más lejos se gasta lo mismo en perseguir usuarios que a prevención y asistencia, con lo cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la inversión en prevención y asistencia”

“La Ley de Desfederalización se promocionó como para bajar consumo. No estamos de acuerdo que con la persecución se cambian los hábitos de consumo”, señaló Pablo Javier Martínez, integrante del área de Información e Investigaciones de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, en base a un estudio que efectuó el organismo entre 2005 y 2008, antes de la implementación de la ley, mostró el incremento de un 200 por ciento en fiscalías federales de la provincia de Buenos Aires de causas vinculadas al consumo personal.

El especialista también remarcó algunos efectos de la ley: “incremento en la persecución en delitos de tenencia y pequeña comercialización de estupefacientes; incremento  del control policial en espacios públicos, empoderamiento relativo de las policías y las justicias provinciales en la determinación de competencia, fragmentación de las capacidades del Estado”. También comentó que hay propuestas para la derogación de la misma.

Gabriel Adrián Bombini, juez de Garantías en el Departamento Judicial Mar del Plata, también arremetió contra la actual ley. Algunas de las cuestiones que no atienden las políticas de desfederalización son: “la falta de atención a la conformación de las organizaciones criminales cuya característica es el enclave territorial, y que funcionan autónomamente de los individuos que funcionan  en ellas. Segundo aspecto: que las actividades que se llevan adelante en el territorio están estrictamente ligadas a la misión policial. Y esto no es una percepción, está demostrado”.

Rosario

Por otra parte, Juan Monteverde, del Movimiento Giros de Rosario, remarcó: “Hoy tenemos casi un muerto por día. Para entender lo que pasa en Rosario, y como se cuadriplicó la tasa nacional de homicidios, no sólo podemos comprenderlo por lo que pasa con el narcotráfico. La idea es empezar a vincular lo que pasa con problemas que parecen distintos: déficit habitacional, modelo agroexportador, etc. A comienzos de esta década, hubo una decisión política de consolidarla como una `ciudad competitiva`. Hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo se aborda esta situación? “Hace unos meses tuvimos un desembarco del Estado Nacional con gendarmería en los barrios periféricos. Desde las organizaciones  tratamos de abrir el debate y analizamos si esta iba a ser sólo una estrategia militar o se iba a desarrollar otro tipo de abordaje. Hoy, después de esos meses, no parece que haya voluntad de hacer  otro abordaje que no sea el militar”.

Reforma al Código Penal

Desde el ámbito legal, Roberto Carlés, coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, indicó que “el anteproyecto que presentamos no implica un cambio sustancial en el plan de criminalización primaria que implica un código penal, es decir, no se modifica ni la cantidad de delitos ni la modalidad de prosecución”.