Políticas Públicas en Toxicomanías
El sujeto es el usuario de sustancias
Con relación a las Políticas Públicas en Toxicomanías que abordan el uso de drogas legales e ilegales, una de las mayores dificultades que afrontan tratamientos y las mismas políticas, es el uso perverso e ideológicamente identificable de ciertas palabras que no sólo no es ingenuo sino destinado a la confusión y al fracaso, junto a la estigmatización del usuario, de los debates sobre las Políticas Públicas en Toxicomanías en nuestro país.
Por Laura Gesberg*
(para La Tecl@ Eñe)
En el tema drogas, una de las mayores dificultades es el uso perverso e ideológicamente identificable de ciertas palabras que no sólo no es ingenuo sino maliciosamente destinado a la confusión, a la búsqueda de adhesiones masivas de padecientes directos o indirectos, a la atribución de todos los males de ésta época, porque parecen ser las adecuadas para evitar que los probados fracasos de Políticas Públicas en Toxicomanías y los debates actuales sean descalificados o directamente ignorados.
Los fundamentos que permiten sostener, lo que ya no es sustentable, parecen apoyarse en lo que algunos llaman “el bien común”, “función del Estado”, “evitar la autodestrucción de generaciones”, lo cual es parte de la mitología popular, discurso facilista, mentiroso y violatorio de la Constitución Nacional (art. 19, por ejemplo), o desconocimiento de los fallos de la Corte Suprema (caso Arriola).
En verdad, lo que está en juego es un mix siniestro que obtura toda posibilidad de pensamiento al proponer escenarios escandalosos con provocadores entrenados y espacios mediáticos que parecen ser el ámbito de legitimación.
Mientras tanto, nada realmente relevante para la Salud Pública, “el bien común”, etc., parece ser atendible, salvo en los espacios específicos que no suelen tener el rebote mediático para llegar a la sociedad.
Es cuando ciertos clichés cobran sentido, poder, y los emisores, se presentan como especialistas.
También es culpa de “los especialistas” ceder espacios, dejárselos a todo tipo de personajes, muchos de ellos impresentables, que ejercen funciones públicas, ostentan cargos, que financian poblaciones desinformadas y vulnerables.
En el medio, negocios formidables, el narcotráfico y “la rehabilitación de adictos”.
Van juntos, son funcionales uno a otro, gracias a la confusión que aporta la controversial Ley 23737, la violación de los derechos constitucionales, el rechazo de decisiones judiciales o de Leyes vigentes.
Con cerca de quinientos asistentes en el Salón Azul del Senado de la Nación, y la participación de funcionarios públicos, académicos y especialistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas, culminó, el 18 de julio pasado, la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas organizada por la Asociación Civil Intercambios por décimo segundo año consecutivo.
El debate desarrollado en los distintos paneles coincidió en la necesidad de entender al usuario de drogas como un sujeto de derechos y cambiar la perspectiva punitiva y criminalizante por una socio-sanitaria. Especialistas y funcionarios remarcaron el fracaso de la ley de desfederalización, que aumentó la persecución de las tenencias, según argumentaron.
A su vez, el Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Félix Crous, expresó que “el paradigma represivo puso al usuario en un lugar satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y ver si es verdad que nos preocupan las personas o sostener un sistema hipertrofiado que no se ocupa del impacto que tiene en la salud pública”.
Alejandro Corda, abogado e Investigador de Intercambios Asociación Civil Intercambio, presentó el libro “Personas que usan estupefacientes en Argentina. De “delincuentes-enfermos” a sujetos de derechos”, en el cual muestra claramente “las consecuencias de la criminalización, de la respuesta penal: criminalización de usuarios, aumento de la población carcelaria con población en especial estado de vulnerabilidad. En Argentina el 38% son causas por tenencias de consumo, es decir son causas de usuarios. Es importante revisar la acción de las agencias penales, especialmente la policía”.
Además hizo hincapié en la situación de las mujeres, considerando que “el aumento de la población de mujeres en cárceles federales aumentó un 217 %, y el hecho de que se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como efecto que se haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin ir más lejos se gasta lo mismo en perseguir usuarios que a prevención y asistencia, con lo cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la inversión en prevención y asistencia”
“La Ley de Desfederalización se promocionó como para bajar consumo. No estamos de acuerdo que con la persecución se cambian los hábitos de consumo”, señaló Pablo Javier Martínez, integrante del área de Información e Investigaciones de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, en base a un estudio que efectuó el organismo entre 2005 y 2008, antes de la implementación de la ley, mostró el incremento de un 200 por ciento en fiscalías federales de la provincia de Buenos Aires de causas vinculadas al consumo personal.
El especialista también remarcó algunos efectos de la ley: “incremento en la persecución en delitos de tenencia y pequeña comercialización de estupefacientes; incremento del control policial en espacios públicos, empoderamiento relativo de las policías y las justicias provinciales en la determinación de competencia, fragmentación de las capacidades del Estado”. También comentó que hay propuestas para la derogación de la misma.
Gabriel Adrián Bombini, juez de Garantías en el Departamento Judicial Mar del Plata, también arremetió contra la actual ley. Algunas de las cuestiones que no atienden las políticas de desfederalización son: “la falta de atención a la conformación de las organizaciones criminales cuya característica es el enclave territorial, y que funcionan autónomamente de los individuos que funcionan en ellas. Segundo aspecto: que las actividades que se llevan adelante en el territorio están estrictamente ligadas a la misión policial. Y esto no es una percepción, está demostrado”.
Rosario
Por otra parte, Juan Monteverde, del Movimiento Giros de Rosario, remarcó: “Hoy tenemos casi un muerto por día. Para entender lo que pasa en Rosario, y como se cuadriplicó la tasa nacional de homicidios, no sólo podemos comprenderlo por lo que pasa con el narcotráfico. La idea es empezar a vincular lo que pasa con problemas que parecen distintos: déficit habitacional, modelo agroexportador, etc. A comienzos de esta década, hubo una decisión política de consolidarla como una `ciudad competitiva`. Hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo se aborda esta situación? “Hace unos meses tuvimos un desembarco del Estado Nacional con gendarmería en los barrios periféricos. Desde las organizaciones tratamos de abrir el debate y analizamos si esta iba a ser sólo una estrategia militar o se iba a desarrollar otro tipo de abordaje. Hoy, después de esos meses, no parece que haya voluntad de hacer otro abordaje que no sea el militar”.
Reforma al Código Penal
Desde el ámbito legal, Roberto Carlés, coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, indicó que “el anteproyecto que presentamos no implica un cambio sustancial en el plan de criminalización primaria que implica un código penal, es decir, no se modifica ni la cantidad de delitos ni la modalidad de prosecución”.
También recordó los objetivos de la comisión. Uno de ellos fue la integración de la legislación penal dispersa. En ese sentido, afirmó: “detectamos 400 leyes dispersas no sólo en lo penal. El segundo objetivo: la reforma de la legislación donde hubiera puntos oscuros, superposiciones normativas”.
Puntualmente, el especialista indicó que en el anteproyecto “se despenaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal”, pero que ello tiene más que nada un “efecto simbólico, porque esta modificación no va a evitar detenciones”.
En ese sentido, remarcó que “la despenalización que se propone no basta para alcanzar el cambio que es necesario en la materia. Las leyes penales tienen funciones manifiestas y tienen otras funciones latentes que se mantienen ocultas y que precisamente las ideologías punitivas se ocupan de mantener ocultas. Algunos dicen que esa finalidad es un mensaje para la sociedad, porque habilita ciertas prácticas de control social a las que el Estado y la fuerzas sede seguridad no quieren renunciar”.(1)
Para ser más claro, uno de los argumentos más vilmente deshonestos intelectualmente y peligrosos es la vociferación ofuscada de los Patrones del Saber, profundamente canallas a sabiendas, que lucran con la desesperación del modo más obsceno de todas aquellas familias con usuarios conflictivos de sustancias.
No es lo mismo, descriminalizar a usuarios de sustancias, que liberalizar el uso masivo de drogas.
No es lo mismo marihuana que opioides, por sólo mencionar dos sustancias y sus derivados.
Descriminalizar a usuarios de marihuana, que es la propuesta mayoritaria que duerme en el Congreso Nacional, supone desde mi perspectiva, varias cuestiones:
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Respetar las Leyes
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Pensar en términos de un modelo de Salud Pública
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Considerar la singularidad de cada persona, familia y contexto
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Evaluar dispositivos de asistencia de acuerdo a las herramientas legales en uso: Ley Nacional de Salud Mental (Gorbacz)
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Incluir todas las herramientas, viables para la atención, digna, a cargo de equipos multidisciplinarios (Stolkiner), profesionales, integrales e incluyentes.
Insisto no es lo mismo descriminalizar, que despenalizar y menos aún liberalizar.
Sólo la mala fe, la especulación, el intento de mantener ciertos kioskos, pueden hacer equivaler estos conceptos, postergar los debates concretos y las decisiones acerca de la Políticas en Salud Pública.
No hay foro internacional, en el que éste tema, no se esté poniendo a discusión; los prohibicionistas locales, como talibanes, defienden sus cotos de caza con esmero y golpes bajos, sin datos duros, y acusando a los demás de promover el uso indiscriminado de sustancias.
Tampoco existe institución académica respetable que haya demostrado fehacientemente que el uso medicinal de cannabis sea lesivo, no hay estadísticas, epidemiología alguna, lo que no implica apología de las drogas en modo alguno.
La presunta ingenuidad de sus latiguillos, suman desaliento y fracasos.
Cualquier profesional de la Salud o no, sabe que los tóxicos, todos, no son inocuos; también lo saben los usuarios, sean legales o ilegales.
De acuerdo a la última Reunión Regional de Toxicología celebrada en Brasilia y a la que fue invitado nuestro Asesor Externo, Prof. Dr. Carlos Damin, (Jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, Titular de la Primera Cátedra de Toxicología y Psiquiatría Legal, Facultad de Medicina, UBA, y Presidente de FundarTox), Argentina encabeza el uso de Clonazepan a nivel continental y es segundo detrás de Brasil, de Alcohol, ambos legales y de gran aceptación y tolerancia social.
Hay algo de lo que nos estamos olvidando, mientras tanto, y creo que es básico para entender el consumo de sustancias
La falta de oportunidades objetivas y sobre todo subjetivas (Smalinsky) de amplios sectores de la población, pretenciosa y omnipotentemente destinados a ser reeducados para ser “personas de bien” de acuerdo a la moral y buenas costumbres.
Creo que pensar en las inequidades subjetivas de los involucrados, sus familias y contextos es el punto de partida para intentar desentrañar los motivos personalísimos de aquellos que usan sustancias.
Es la tarea de los que nos ocupamos de esto, de los que nos formamos continuamente en este campo, desandando muchas veces nuestro camino, ante cada frustración, para alcanzar a las personas que tratamos y sus familias, para que sepan por qué y para qué usan las sustancias legales o ilegales de las que abusan, que las dejen a conciencia y no aguantándose las ganas; que las recaídas no son un clásico, sino el resultado de un planteo que es ineficaz, que haber consumido drogas no sea una identidad, un trabajo y un estigma.
(1) Boletín de la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambio Asociación Civil, Presidenta Graciela Touzé, en el Honorable Senado de la Nación
Lic. Laura Gersberg
MN 14.613
Equipo Argentino de Toxicomanías
Directora
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