A la luz de los acontecimientos, queda claro que fue audaz y con conocimiento de causa la decisión de Néstor Kirchner de no pagar la deuda externa en default en los años 2003, 2004 y hasta marzo de 2005, en que logró llevar a cabo el primer canje de deuda vieja por deuda nueva con una quita de capital del 65% y extendiendo los plazos hasta el año 2038.  Como también fue correcta la evaluación de fuerzas y la decisión de realizar un segundo canje en mayo del año 2010 con igual quita e igual extensión de los plazos.

 

Del mismo modo podemos evaluar que fue, al menos inocente, la de pagar cinco reclamos de deuda por privatizaciones en el marco del CIADI, reconocer una deuda monstruosa de U$s 9.700 millones con el Club de París, y la de indemnizar al grupo Brufau-Repsol por la expropiación de YPF con títulos de deuda por un total de U$s 8.000 millones que incluyen los BONAR 2024, a la espera que esa muestra de buena voluntad haría que la Corte Suprema de Justicia de los EEUU tome el caso de los reclamos de los fondos buitre, encabezados por NML Eliot y Aurelius, cosa que no sucedió, cuando en realidad la Argentina debería, como hizo Néstor Kirchner en su momento, no pagar nada a nadie hasta que la presión de los que querían cobrar sobre los fondos buitre y la justicia norteamericana, nos hubieran dejado en mejor condición que la actual.

 

Por supuesto que existen los que sostienen que la Argentina debe pagar sí o sí, como si los fondos buitre y la justicia norteamericana tuvieran razón y olvidándose que hay muchos millones de dólares en juego por un lado (y que lo paga el pueblo argentino), y la necesidad de castigar a un país que por autodeterminación llevó a cabo dos canjes de deuda con una quita del 65% del capital, por otra parte.

 

Si tenemos en claro lo afirmado en el párrafo anterior, entenderemos la magnitud del caso y lo que se juega en él, porque la deuda reestructurada en los canjes de los años 2005 y 2010 tienen como límite la cláusula RUFO, por sus iniciales en inglés, (Rights Upon Future Offers), que hace que si los representantes del Gobierno argentino conducen una negociación pública con los fondos buitre aceptándole pagar en mejores condiciones que a los bonistas que entraron en la restructuración de la deuda (quita del capital del 65% y plazo hasta el año 2038), deben darle igual condición a ellos (a los bonistas que entraron en los dos canjes), con lo que la deuda externa pasaría a ser de tres veces lo que es hoy (U$s 201.009 millones al 30/09/2013 último dato disponible). La cláusula RUFO vence el 31 de diciembre de 2014.

 

Y esto fue defendido enfáticamente por el Ministro de Economía, Axel Kicillof, en la reunión que mantuvo, el día lunes 7 de julio 2014, con el intermediario nombrado por el juez Thomas Griesa, el abogado norteamericano del estudio Mccarter & English,  Daniel Pollak, en la que se le dijo: a) que la Argentina reconoce el 100% de la deuda; b) Que si quieren cobrar los que no entraron en los dos canjes, deben hacerlo en las mismas condiciones que los que sí aceptaron canjear deuda vieja por nueva; c) por ende, es imposible cumplir con el fallo del Juez Griesa; d) que la Argentina sólo podría pagar en forma distinta que al resto de los acreedores que entraron en los dos canjes nombrados, a partir del 2 de enero de 2015 (fecha en la que ya no rige la cláusula RUFO), y e) para lo que se requiere que el juez Griesa vuelva a reimplantar la cautelar (stay), hasta esa fecha.

 

Lo segundo que debemos saber es por qué la Corte Suprema de Justicia de los EEUU decidió, a las 10,30 horas nuestras del día lunes 16 de junio 2014, no tomar el caso argentino, con lo que de hecho se aceptan los dos fallos, el del juez Thomas Griesa y el de la Corte de Apelaciones de Nueva York que tienen su particular interpretación del “pari passu”, exigiendo que la Argentina reconozca la deuda de los fondos buitre NML Elliot (de Paul Singer), del Aurelius, y de 13 bonistas argentinos que presentaron la causa inicial en el segundo distrito de Manhattan y que terminara en el año 2012 con un fallo del juez Griesa, y en el 2013 con la Corte de Apelaciones avalándolo, pero diferenciándolo del resto de los acreedores al obligarnos a acordar en audiencia con un mediador nombrado por el juez. 

 

Tampoco se explica por qué el día viernes 27 de junio 2014, el octogenario juez del Segundo Distrito de Manhattan, le “ordenó” al Banco Of Nueva York Mellon (BONY) la “devolución” de los fondos girados (y depositados en ese banco) por el gobierno argentino para pagar los bonos Discount de la deuda reestructurada (Deuda performing  que reconocemos y pagamos religiosamente al aceptar el canje de los años 2005 y 2010)

 

La particular interpretación del “pari passu” que hace la justicia norteamericana le impidió a la Argentina efectuar el lunes 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, hubiera acordado pagar lo reclamado por los fondos buitre, monto que totaliza, con capital original, más intereses, punitorios y costa judicial, más de U$s 1.500 millones, pero que representa solo el 10% de la deuda que no entró en los dos canjes referidos, por ende la deuda exigible por el fallo de la justicia norteamericana asciende a unos U$s 15.000 millones.

 

Reconocer toda la deuda con los fondos buitre y con la modalidad de pago que entienda el abogado Daniel Pollak (sea la que sea porque no es la de los canjes) implica que se “gatille” la cláusula RUFO, y con ello se pierda la quita de capital lograda, y que la deuda vuelva a superar ampliamente nuestro PIB.  No aceptar el acuerdo significa “defaultear”. 

 

Obviamente el objetivo de los fondos buitre es reclamar ahora, antes del 31 de diciembre 2014, para que a la Argentina no le quede otro camino que incurrir en default, y para ello fue funcional la justicia de los EEUU que nos impidió pagar la deuda, porque el fondo NML Elliot y los otros fondos buitre, van a cobrar el Credit Default Swaps (CDS) de la deuda argentina, que es el seguro al determinarse nuestro default[1].

 

Es obvio que ante la magnitud de la deuda real y potencial, y el cobro del seguro ante la declaración de default de la Argentina, debemos tener la inteligencia y el coraje de poner límites a la voracidad de los especuladores de todo tipo y pelaje.

 

La Corte Suprema de Justicia de los EEUU nos dio el mismo trato que nos dio el gobierno de los EEUU en 1982 en la guerra de Las Malvinas, se alió con Inglaterra. Acá se alió con el capital financiero porque en el gran país del norte “negocios son negocios” y, además, castigo ejemplar al país que osó tomar un camino de autodeterminación e independencia.

 

Debemos entender que entramos en default porque no podemos pagar ni hacer ningún acuerdo hasta el 2 de enero 2015 por la cláusula RUFO, porque de otro modo se deja de nuevo en la interpretación de la justicia si al no ser un pago voluntario, se cumple o no dicha cláusula. Porque si los jueces del exterior dicen que se cumple la cláusula RUFO, el 82,6% de los que aceptaron el canje van a querer cobrar con títulos iguales a los que se les pague a los buitres, y allí la deuda se hace enorme porque se pierde la quita lograda por Néstor Kirchner.

 

La Corte Suprema de Justicia de los EEUU al no tomar el caso avaló la “jugada” de los buitres y de Griesa, y lo hizo el 16 de junio 2014 (seis meses antes que podamos superar la cláusula RUFO, que en su momento sirvió de aliciente para que entraran en el canje) y de esa manera nos están condenando al default, para que Paul Singer  y las otras aves de rapiña cobren el seguro, además de que se le reconozca toda la deuda que compraron a precio vil, y sin haberle prestado una moneda a la Argentina.

 

Lo que nos pasa a nosotros, al pueblo argentino, no sólo no les interesa, sino que están convencidos que necesitamos del escarmiento por habernos opuesto a su lógica de capital e interés compuesto. Está en nosotros no aceptar ese chantaje,  y llegar al 2 de enero de 2015 “a como dé lugar”, sabiendo que no va a ser fácil, pero con inteligencia y debida cautela se pueden tomar severas medidas de prevención,  como hicimos desde el 31 de diciembre de 2001 en que sí incurrimos en cesación de pagos porque no podíamos pagar, y sin embargo la Argentina desde el 25 de mayo de 2003 entró a crecer sostenidamente basándose en su trabajo y en su producción, porque las adversidades están hechas para que las venzamos y no para que nos venzan.

 

El “default selectivo” o “Técnico” en que incurrimos va a ser utilizado por los “buitres” de nuestro país que tienen más de U$s 200.000 millones fuera del sistema económico local, para valorizarlo y tratar de comprar por la mitad lo que vale el doble, pero está acotado en el tiempo (al 2 de enero de 2015), por un lado,  y por la necesidad de defender las inversiones y el valor de las exportaciones de los que se dedican a producir en nuestro país, que son más numerosos y más fuertes que los buitres de adentro y de afuera.

 

Los acuerdos comerciales, la venta de soja y otras exportaciones, harán que transitemos la segunda parte del año 2014 con ingresos de divisas que contrastarán con la “presión” de los especuladores y de los buitres, para que en el año 2015, reconocida la deuda, se estipule un plan de pago razonable con los acreedores que no entraron en los canjes, lo que agranda la deuda externa y complica los pagos futuros, pero nada que no pueda hacerse para un país con el potencial de la mano de obra y de materias naturales con que la Argentina cuenta.

 

Como dijo en su discurso del mismo día 16 de junio de 2014 la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: “…es obligación de todos los que tenemos responsabilidades de gobierno, hacernos cargo de nuestras obligaciones y entre nuestras obligaciones, está, entre otras cosas, la de pagar a nuestros acreedores, pero también está la de no permitir ser extorsionados por aquellos que han especulado y lucrado con la miseria…” y me permito agregar, a la que quieren empujar al pueblo argentino.

 

[1]Seguro estimado por fuentes seguras para el total adeudado a los fondos buitres por la Argentina  en unos U$S 900.000 millones

 

 

 

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía