Los conceptos que utilizó el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, luego de conocerse las últimas exigencias de la Eurozona a Grecia, no versan sobre términos económicos, sino que exceden los mismos, ya que acusó a Alemania por mostrar “falta de humanidad con un país tan endeudado como Grecia” para reflexionar que “realmente se está socavando el sentido común de la visión, el sentido de solidaridad común en Europa”.

 

Esta es una más de la gran cantidad de críticas que cosecharon las exigencias del Eurogrupo, que han sido caratuladas por muchos como “crueles”, dado que las condiciones impuestas “humillan” al pueblo griego.

 

Es relativamente conocido por los analistas (aunque generalmente ocultado al ciudadano común) que el banco norteamericano Goldman Sachs ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas para que este país “cumpliera” los requisitos para ingresar a la Eurozona. Entre los cosméticos de este maquillaje se utilizó un complicado sistema de pases (swaps), se dice, a través de una cuenta en Delaware (EEUU), una conocida guarida fiscal. “Ese esquema fraudulento llevó a que, a raíz de los llamados «productos derivados» implicados en la operación, en apenas cuatro años la deuda que Grecia contrajo con Goldman Sachs pasara de 2.800 millones de euros a 5.100 millones” (Eduardo Febbro, Página/12 13.03.12).

 

Menos conocido aún es que Mario Dragui, actual presidente del Banco Central Europeo (BCE), fue Vicepresidente y Gerente General de Goldman Sachs Internacional entre 2002 y 2005 (extractado de su curriculum vitae en la página web del BCE), apenas ingresada Grecia al Euro, mientras continuaban los efectos del maquillaje realizado por el gran banco estadounidense. 

Casualmente, es la misma persona que más ayudo para hacer eclosionar la crisis griega, cuando resolvió que el BCE congelara los fondos de liquidez a los bancos helenos, decisión que prácticamente llevó a la implementación del corralito.

 

Pero desde la Troika se apunta a la responsabilidad de los gobiernos griegos (en realidad, cargaron las tintas sobre el gobierno de Syriza, cuando las condiciones que dejaron las anteriores administraciones ya eran críticas), pero nadie se acuerda de Goldman Sachs. De la misma forma que parece borrado de la historia la anulación de casi el 63% de las deudas alemanas en 1953 por parte de 21 países acreedores (entre los que se encontraba Grecia), el olvido parece haber llegado también a la actuación de Goldman Sachs y a la indulgencia de las autoridades del Eurogrupo.

 

Son varias las razones que confirman que el objetivo de las exigencias, más que sanear las finanzas o la economía griega, es escarmentar a la población que se ha pronunciado democráticamente contra los ajustes impuestos por Europa y tratar que el “mal ejemplo” no se traslade a los otros países que a partir de la crisis de 2010 se denominó “periferia europea”, o se aplicó el más agraviante acrónimo de PIGS, donde en los últimos tiempos han surgido movimientos antiajuste, por ejemplo Podemos, en España.

 

En principio, el Eurogrupo hace hincapié en la imperiosa necesidad de reconstruir la confianza con las autoridades griegas como pre-requisito para un posible acuerdo a futuro. La consigna es: voten los ajustes primero, y después discutimos si acordamos el programa y qué montos. Draconiano.

 

La creación de un fondo fiduciario de 50 mil millones de euros que se alimenta con los activos de las privatizaciones, controlado estrictamente por la Troika, indica sin discusión que la deuda externa es una herramienta excepcional para hacerse de los activos estatales.

 

Dentro de las numerosas demandas, hay una que merece especial consideración: un párrafo de los requerimientos entregados a Grecia expresa: “Para normalizar los métodos de trabajo con las instituciones (léase la Troika) el gobierno deberá consultar y acordar con las mismas todos los borradores sobre decisiones de Estado en áreas relevantes con un tiempo adecuado de antelación antes de someterlas a consulta pública o al Parlamento”. Esto es, delegar prácticamente las funciones legislativas a la Troika.

 

Llamativamente, algunas horas después de haber sido firmado el acuerdo entre las instituciones y Grecia, apareció un nuevo informe del FMI sobre la deuda griega (a quince días de haber emitido otro), en el cual concluye que los países europeos deberían dar a Grecia un periodo de gracia de 30 años en el pago de la deuda que tiene con Europa, incluyendo nuevos préstamos, y una ampliación importante de los plazos de vencimiento, o bien realizar transferencias fiscales anuales al presupuesto griego o aceptar profundas reducciones del nominal en sus préstamos a Grecia. Los salvavidas para Atenas son mucho más grandes que en el anterior informe, pues, indica el Fondo, son necesarios debido a la “devastación que su economía y que su sistema bancario han sufrido en las últimas dos semanas” (es decir, la primera quincena de julio, a partir de la cual se impuso el corralito).

 

Por lo expuesto, ya sea por las propias consecuencias del ajuste (aumento del lVA con salarios fijos y jubilaciones a la baja necesariamente generarán caída de la producción y mayor malestar social) o por la fragilidad financiera de lo acordado, todo indica que la crisis griega tenderá a continuar, salvo que se tomen medidas por fuera del estricto ideario neoliberal que aplica la Eurozona, liderada por Alemania.

 

Grecia, si bien el más candente, es uno más de los casos críticos de la deuda. Otro ejemplo que también está en ebullición es el de la deuda de Puerto Rico, que a partir de la restricción del financiamiento por parte de EEUU tuvo un astronómico crecimiento. La deuda pública, sumada a los compromisos de sus sistemas de retiro y los costos del sistema de sanidad, alcanzan los U$S 167.500 millones, unas cinco veces el presupuesto consolidado del Gobierno y casi el doble del producto interno bruto (PIB). Dado que se trata de un “Estado libre asociado a Estados Unidos”, no puede acogerse al Código de Quiebras estadounidense, que le permitiría reestructurar su deuda en condiciones similares a las de las grandes empresas, y al que accedió el Estado de Detroit.

 

Además, está sufriendo el asedio de los fondos buitre, que están comprando esta deuda a precios exiguos, y ya están presionando para influir en el comportamiento de varias empresas estatales endeudadas. Hasta el momento, ninguna solución viable aparece en el camino de este país.

 

Se hace cada vez más indispensable avanzar en la conformación de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, como decidió la ONU en noviembre del año pasado. Cabe recordar que el gobierno argentino ha reclamado insistentemente por esta iniciativa, que impulsó en el G77 más China, y que a su vez dicho grupo propulsó en la ONU.

 

En una de las reuniones que Naciones Unidas ha realizado para avanzar en este sentido, expuso José Antonio Ocampo, ex secretario general de la CEPAL, para quien el mecanismo de la reestructuración de deuda ahora plantea una cuestión principal dada “por los problemas creados por las decisiones de los tribunales de Estados Unidos”, como se dio en el caso argentino, “que crearon grandes obstáculos a una de las reestructuraciones más exitosas de la historia”.

 

Para Ocampo, los cambios “normativos y en los reglamentos son esenciales para el buen funcionamiento de los mercados de deuda” y este enfoque “debe operar aportando la oportunidad de empezar de nuevo a los deudores”.

Este “empezar de nuevo” resulta esencial para combatir el asedio de los buitres, es de especial importancia para nuestro país, y muchos otros, y sería altamente deseable que los avances en la ONU se dirijan por este camino. Pero también hay que resaltar que para que ello sea posible, es necesario enfrentar a los grandes jugadores del sistema financiero internacional que desean las mínimas regulaciones, y presionan para lograrlo. No será una tarea fácil, pero resulta imperioso intentarlo. 

 

*Diputado Nacional-Partido Solidario