El actual gobierno avanza con rapidez y sin pausa hacia una amplia desregulación de las relaciones económicas. Podemos caratularla de selectiva porque se orienta a liberar todas las trabas para que las empresas, especialmente las más grandes corporaciones, incrementen sus ganancias.

 

La devaluación, la liberación de las importaciones, la eliminación de los cupos a la exportación de productos esenciales como el trigo (que pueden encarecer el consumo interno) van en ese sentido.

 

En el caso de los salarios, las próximas paritarias demostrarán cuán libres o regulados estarán. Pero los funcionarios del gobierno ya han expresado que una de las ideas es negociar paritarias “por la inflación futura”. Esta propuesta podría llevar a solidificar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por los aumentos de precios producidos desde que Mauricio Macri y su equipo instalaron, antes del balotaje, la expectativa de una fuerte devaluación.  Los funcionarios también dijeron que los salarios se deberían vincular a la “productividad”, cuestión que, ya en otras ocasiones, así como en otros países, demostró que lleva a la reducción de los derechos laborales. Adicionalmente, el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay realizó una fuerte apreciación, apenas nacido el año: “Cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos” (Cronista.com 01.01.16).

 

Por el lado de los precios, sólo existe un pedido para que los mismos no aumenten, que es sistemáticamente desoído por las empresas. También se produjo una preocupante ausencia de datos sobre el nivel de inflación, a partir de la declaración de la “emergencia estadística”. Esta carencia proviene, precisamente, de aquellos que se reunían mensualmente para publicar el mal llamado “Índice Congreso”. Las agudas falencias metodológicas y de datos básicos de dicho índice, que muchos criticamos, son reconocidas ahora, dado que en ningún momento se informó su utilización durante la “emergencia”.

 

Las desregulaciones “pro ganancia” afectan principalmente a las industrias, y en especial a las PyMEs. En el actual esquema de “restricción externa”, se impuso el sistema de licencias automáticas (LA) y no automáticas (LNA) de importación, estas últimas que alcanzan a unas 1400 posiciones arancelarias. Si bien los medios oficialistas definieron el sistema de LNA como "de protección" a la industria, no es más que una débil barrera: según lo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), no pueden demorar el ingreso de las mercancías por más de dos meses. Con lo cual, es sólo una cuestión de tiempo para que las industrias sensibles comiencen a sentir los efectos de la importación, en un mundo aún en recesión, y por lo tanto, con muchos países intentando vender a precios de remate sus productos.

 

En estos temas se suman los comentarios de la canciller, Susana Malcorra, al definir que “el ALCA no es mala palabra”, más la intención del Presidente de la Nación de avanzar hacia el “Acuerdo del Pacífico” y en el acuerdo Mercosur- Unión Europea. Estas opciones de integración están armadas para eliminar todo tipo de restricciones a las inversiones extranjeras, de forma tal que los gobiernos no puedan limitar la participación de las multinacionales en las compras del Estado, o en la prestación de servicios propios del mismo, como salud y educación. También significan levantar toda restricción al ingreso de mercancías, la mayoría de las cuales competirán con nuestros productos. Muchas de estas dificultades y condicionamientos alas políticas nacionales independientes estaban en la base de las preocupaciones sobre las que se gestó, a fines de los noventa y principios del actual siglo, el movimiento “No al Alca”.

 

Otro tema preocupante son las políticas de endeudamiento que expresaron los funcionarios del actual gobierno. Recibieron un país desendeudado, y las políticas de financiamiento propuestas, que se presentaron como una condición importante para eliminar el sistema de administración de divisas, malamente llamado “cepo”, incrementarán significativamente los coeficientes de endeudamiento, así como su composición.

 

Uno de los ejemplos respecto a los cambios en la composición de la deuda pública tiene que ver con el canje de las letras intransferibles en dólares que el pasado gobierno otorgó al BCRA a cambio de divisas para el pago de vencimientos de la deuda externa. Estas letras se reemplazaron por nuevos instrumentos de deuda negociables, también emitidos en moneda extranjera, destinados a colocarse entre bancos privados, principalmente extranjeros. De esa forma, un endeudamiento intraestatal se convierte en un endeudamiento con el sector privado externo, a tasas actuales de mercado (7,8% en dólares), en comparación con cerca del 0,5% que pagaban las letras intransferibles.

 

El mercado cambiario se ve influido por el menor nivel de liquidación de divisas respecto a lo prometido por parte de las cámaras de exportadores de cereales, soja y aceites. Entre el 18 de diciembre -ya sin administración de divisas- y el 15 de enero, se liquidaron U$S 3.600 millones, mucho más de lo que venían liquidando en noviembre y diciembre, pero que es sólo el 53% de lo comprometido (U$S 400 millones diarios). Esta menor liquidación respecto a los planes originales genera también mayor presión para el endeudamiento externo, de acuerdo a las políticas enunciadas de los funcionarios del gobierno nacional.

 

El tema de las negociaciones con los fondos buitre también es esperable que genere un mayor endeudamiento.Con los datos estimados por el actual gobierno nacional, se fortalecen las estimaciones de los funcionarios del anterior gobierno, que evaluaban que la solución total al problema, de acuerdo a las exigencias de los fondos litigantes, ascenderían a un monto que oscila entre los U$S 10.000 a 15.000 millones.

 

La presencia de los principales funcionarios del gobierno argentino en Davos, incluido el Presidente de la Nación, lleva a reflexionar sobre el papel del entorno económico internacional, una variable a la cual el gobierno macrista está jugando varias cartas. Las situación internacional aparece complicada con las principales economías desarrolladas que no se recuperan, y economías emergentes, como la China, que acaba de crecer un 6,9% en 2015, el menor ritmo de los últimos 25 años. Si bien el crecimiento chino es elevado, no llega a motorizar la economía mundial. El derrumbe del precio del petróleo también es otro dato que afecta significativamente a los mercados, y brinda una clara noción de los problemas existentes en la economía mundial. Quizá el único país que escapa relativamente a este escenario es Estados Unidos, pero gracias a políticas monetarias que repercuten negativamente sobre el resto de las economías, en especial las emergentes.

 

En este entorno, el ministro Prat Gay expresó que solicitaría la auditoría del FMI, mientras que el presidente Macri pedirá el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), el grupo de países desarrollados y otros que aspiran a serlo. Con estas decisiones se afianza la noción de que ese volver al mundo (expresado en la campaña, y también luego de la asunción) implica un giro de 180 grados en el alineamiento internacional, volviendo a las políticas de los noventa, cuyos resultados ya conocemos.

 

Con estos primeros datos de gestión, ya es posible avizorar los resultados futuros en la economía, derivados de las políticas de desregulación, de ajuste del gasto público y de endeudamiento en moneda dura que se irán aplicando. Preocupa su impacto negativo en el poder de consumo de los trabajadores, por ende en la demanda agregada y de allí en los niveles de empleo. Trabajadores, PyMEs y la economía social aparecen como los sectores más vulnerables del cambio en las políticas económicas. Ante la probable y legítima reacción de los perjudicados, cabe expresar una profunda preocupación por las políticas de mano dura a la protesta social que se han estado aplicando desde la asunción del nuevo gobierno.

 

 

Buenos Aires, 22 de enero de 2016

 

*Diputado Nacional-Partido Solidario