El colectivo 96 había abandonado González Catán hacía ya un rato, la ruta 3  se hacía de tránsito dificultoso, el nervioso ir y venir de camiones y camionetas cargados de soldados lo tornaban extrañamente denso para esas horas. “La dama de las camelias” se hacía estruendosa en la portátil del chofer, anclada en Radio Argentina. Esa noche no habría trasmisión de “La peña del transportista”. Todas las emisoras estaban en cadena nacional propalando marchas de guerra, apenas interrumpidas de vez en cuando por una voz marcial que escuetamente comunicaba que las fuerzas armadas habían tomado el control operacional del país derrocando a la presidente, así se decía por entonces, María Estela Martínez de Perón.

Qué rápido y trágico había sido todo, pensaba, poco más de mil días desde aquella tarde, el 25 de mayo de 1973 en que, al partir el helicóptero con Lanusse y otros subversivos, entonábamos en la plaza....”se van, se van, y nunca volverán…”

Ahora estaba allí, tratando de ver cuál era mi destino. Tiempos de inseguridad extrema. Estábamos en la madrugada del 24 de marzo de 1976…

El 10 de diciembre de 1983 el marco que rodeaba la asunción de Raúl Alfonsín era claramente diferente. No estaban los jóvenes revolucionarios que escoltaron a Cámpora, y los militares venían de una vergonzosa derrota en su psicótica aventura malvinense. El barón de Chascomús había ganado el país alfombrándolo con el preámbulo de la Constitución nacional y prometiendo los bienestares que solo con el ejercicio de la democracia serían posibles. La gente compró. Todo se parecía a la serenidad que se necesitaba.

El grueso de la “juventud maravillosa”, decíamos, no había estado frente al Cabildo. Una dictadura tan sanguinaria como todas, pero más persistente y planificada  había consolidado la obra comenzada por el gobierno de Isabel Martínez- López Rega. Cuarenta mil desapariciones parecían el motor que empujaba los reclamos de ¡Nunca Más! Las multitudes prometían cerrar el paso de por vida a cualquier intento golpista. Eran tiempos de afirmar que tampoco se toleraría ninguna otra desaparición-. “si algo de ello ocurriera, saldríamos a la calle y no la dejaríamos hasta que no apareciera con vida”, sentenció  un alto dirigente de Derechos Humanos. Ilusiones que se fueron desvaneciendo como los reclamos por la vida de Jorge Julio López, de Luciano Arruga y de otros tantos desaparecidos en democracia.

Es que el masivo y sorpresivo apoyo que la apertura democrática tuvo en el grueso de la población, fue impulsado por dos motores, el odio contra los militares generado por el comportamiento y posterior derrota en la guerra de Malvinas que había sido convertido en epopeya nacional por vastos sectores, y la culpa que trajo el develamiento de la sanguinaria violación a los Derechos Humanos durante la dictadura, que la sociedad había acompañado en silencio.

Los militares mientras tanto, habían perdido la guerra y la dignidad. Ya no reclamaban el poder sino la impunidad de todos los delitos que habían cometido, los de lesa humanidad, y los de rapiña. Así lo hicieron en una serie de puntos con los que pretendieron condicionar al flamante gobierno, y en las sucesivas revueltas carapintadas que encontraron su fin cuando, astilla del mismo palo, Menem mandó a matar o morir y encarceló al hasta entonces aliado, Mohamed Seineldín. Cuestiones de estado que se resolvieron por rencillas y traiciones pandilleras.

Con el correr de los 30 años de democracia, las fuerzas armadas, como poder real se fueron diluyendo, y salvo alguna que otra bravuconada de ciertos remanentes jurásicos, no han generado gestos ni hechos de trascendencia.

La otra cuestión, además del frecuente asalto al poder por lo cual los militares tenían una fuerte presencia social, era el servicio militar obligatorio que cada joven argentino debía brindar, (entre 12 y 24 meses de permanencia en los cuarteles), al cumplir los 20 años, durante muchísimo tiempo, y a los 18 en las dos últimas décadas.

El SMO fue creado por ley en el año 1901, durante la presidencia de Roca, asesino devastador de pueblos originarios, que era secundado en sus fechorías por Richieri. (de paso viene bien repasar a quienes homenajea y perpetúa la historia a través de importantes avenidas y autopistas).

La preocupación por los jóvenes en esas épocas era el derrame que los inmigrantes vertían en la sociedad, de los ideales socialistas y anarquistas. Había que prevenirse de ello. Es durante esa generación que se empieza a pergeñar la Ley de Patronato que habilita a los jueces a decidir a su arbitrio la vida de niños y jóvenes  a quienes considere, sin más requisito que su solitaria apreciación, en “riesgo moral”. Veremos que la filosofía de base de ambas Instituciones, el Servicio Militar Obligatorio y la Ley de Patronato, tanto se emparentan que en los hechos terminan siendo complementarias. Como dice la periodista Claudia Rafael en una reciente publicación de APE, (Agencia Pelota de Trapo), son las instituciones del secuestro que denuncia(ba) Foucault.

La ley de Patronato fue derogada en el 2005 en los papeles, no así en la cabeza de los jueces ni en la de algunos caudillos del conurbano que siguen reclamando lugares de encierro para enderezar a los niños mientras nutren sus actos de punteros, matones y barrabravas que practican las más descarnadas batallas marcando sus territorios de narcotráfico.

La ley de Servicio Militar Obligatorio nunca fue derogada sino suspendida en su ejecución en 1994. El asesinato del conscripto Carrasco había despertado esas oleadas de opinión social de corto alcance, pero su cercanía con el proceso electoral llevó al presidente Menem, sin más convicción que el cálculo de votos, a decretar la medida. El pretexto para no derogarla fue que para ello era necesario modificar la Constitución Nacional que faculta al Poder ejecutivo a convocar ciudadanos al servicio militar para defender la patria en caso de peligro. Notables juristas coinciden en lo erróneo de esta interpretación.

Muchos son los mitos que se tejieron alrededor de la colimba. Lo cierto es que en los 93 años de vigencia plena ha sido templo de abusos, maltratos y humillación hacia los jóvenes, cuando no de asesinatos.

Los beneficios sociales de inclusión social, alfabetización o capacitación laboral nunca fueron una realidad efectiva. Son parte de una leyenda.

Así como se sostiene y reclama la vigencia de la educación golpeadora para la niñez, lo que se reivindica del servicio militar es el disciplinamiento de la patada, el baile y la burla, como una forma de hacerse hombres…y hasta de mantener “la cola cerrada” como proclamó alguno de sus cultores.

Los soldados Omar Carrasco y Alberto Ledo comparten derroteros similares en su paso por la conscripción, que lejos de ser precisamente un paso, fue el fin en el andar por esta vida en sus jóvenes 18 años. Ambos albergan en su expediente militar un sello que desnuda la hipocresía homicida de quienes tenían la misión indelegable de tutelarlos: “desertor”. Lejos de ello, fueron secuestrados por sus superiores en los cuarteles donde cumplían su servicio. Ledo continúa desaparecido. El sumario de su deserción fue redactado y firmado por el actual jefe del ejército, General Milani, cuya sola presencia es uno de los peros al “Nunca Más”, insólito e insostenible. No había que esperar ningún fallo judicial. La sola concurrencia de su firma avalando la mentira de la deserción era motivo suficiente para que un hombre de bien diera un paso al costado. Pero allí está. La madre del soldado, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y presidenta de la filial de La Rioja, recibió la espalda de sus viejas compañeras de ruta. Seguramente ha de estar pensando que hay traiciones de las que no se vuelve ni premios que justifiquen ninguna “deserción” al sostenimiento de las banderas que le dieron sentido a la existencia de los organismos de derechos humanos.

El soldado Carrasco reapareció muerto tres días después dentro del cuartel. No fue la honestidad militar ni la forzada buena voluntad de los jueces la que llevó a la exhumación de su cadáver, la comprobación de las torturas que habían pasado “inadvertidas”, ni las huellas del calvario, sino la porfiada valentía de su familia en búsqueda de justicia que logró finalmente llevar a la cárcel a los asesinos de una de las víctimas de la “colimba”

Quienes reclaman la reimplantación y quienes la aceptan de maravillas nunca mencionaron estas flagrantes violaciones a los derechos humanos, ni otras tantas. Homicidios directos, incitaciones al suicidio, desapariciones.

Tampoco se repara, intencionalmente, en las razones que llevaron a su suspensión ya que, si la justicia estaba actuando adecuadamente y los asesinos iban a ser castigados, se habría dado cuentas entonces, del desvío. Pero no fue así porque lo que quedó en evidencia es que se estaba hablando de prácticas sistemáticas y cultura estructural en el seno de las fuerzas armadas, esas mismas que fueron el brazo ejecutor de treinta mil desapariciones, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos conscriptos, como el hijo de Augusto Comte, aquel recordado dirigente de Derechos Humanos que se quitó la vida cuando la democracia parecía mostrarle que no estaba dispuesta a traer justicia.