La corporización de Mauricio Macri como representante de los intereses privados en el Estado local se evidenció notablemente en su gestión, particularmente con obras públicas del alto costo económico diseñadas especialmente para sus amigos personales y sus relaciones empresariales. Así sumamos al concepto de “patria contratista”, tan cara a la forma de negocios que encaraba su padre y otros grandes empresarios con los diferentes gobiernos, a la “patria contratista de los amigotes”, con Mauricio Macri gerenciando el poder desde el mostrador del Estado.

 

Sin dudas esta forma de poner el Estado al servicio de los intereses privados de los amigos y de sus relaciones más directas, tiene su contraprestación, los aportes y contactos que estos amigos y empresas realizan para los suntuosos gastos del marketing macrista y para financiar sus campañas políticas.

 

Uno de los amigos entrañables de Macri desde su infancia, el más beneficiado con contratos leoninos y sin control por parte del Estado de la ciudad, es su compañero del colegio Cardenal Newman, Nicolás Caputo. Éste fue designado desde el primer día de asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, el 10 de Diciembre del año 2007, como personal de la planta de gabinete. La decisión llegó a la Justicia por presunta incompatibilidad de funciones, ya que Caputo no podría ser funcionario si a la vez es contratista del Estado de la Ciudad. Y a la vez el Jefe de Gobierno no podía designarlo, ya que en su rol actúa la figura de posible “patrocinante” del empresario en obras públicas otorgadas por el Gobierno de la Ciudad. La figura del “patrocinante”, refiere a los artículos 73 y 97 de la Constitución de la Ciudad, la cual establece la incompatibilidad del cargo de Jefe de Gobierno con “ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados”. La desprolijidad del macrismo, con visos de posibilidades de corrupción, era evidente.

 

El escándalo de la decisión de Mauricio Macri tomó tal repercusión pública que Nicolás Caputo tuvo que renunciar a su cargo a la semana de ser designado. Por supuesto, la relación del gobierno macrista con la empresa de Nicolás Caputo siguió existiendo a pesar de no seguir siendo éste miembro del funcionariado del Estado. Una de las últimas licitaciones que la empresa de Caputo ganó, junto a otras dos empresas, fue la limpieza de las 78 estaciones del Metrobús, con un costo sideral de dos millones y medio de pesos por mes y pese a que la firma de Caputo está constituida como una empresa constructora. El colmo fue que para adjudicar el servicio el gobierno de Macri esperó a que su amigo terminara trámites que la empresa debía realizar ante la Inspección General de Justicia. Y además, el texto fue colocado en la resolución adjudicatoria, la que señala: parte de los carriles fueron “preadjudicados a Planobra S.A. – SES S.A. por 15.466.667 de pesos” y agrega que la adjudicación “se efectuará una vez acreditada la inscripción del contrato de la UTE ante la Inspección General de Justicia”. Lo paradójico es que en la misma Resolución se indica que “el servicio que aquí se licita reviste el carácter de urgente, esencial y necesario”. Una resolución hecha a medida de un amigo, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que cualquier autoridad del Poder Judicial seguramente lee cotidianamente y de la cual nadie tomó nota y actuó en consecuencia de la irregularidad, pese a que el tema fue denunciado también en los medios de comunicación masivos.

 

Ya antes de la llegada de Mauricio Macri al Gobierno de la Ciudad la empresa de Caputo era contratista del Estado. En el año 2006 facturaba por año $50 millones de pesos. Pero a partir de la llegada del PRO comenzó a ganar más y mayores licitaciones. En el último año de la segunda gestión de su compañero del Cardenal Newman, Nicolás Caputo facturará más de 400 millones de pesos.

 

Durante la actual campaña electoral para las elecciones surgió otro caso escandaloso de beneficio para los amigos de parte de Mauricio Macri y su gobierno, en este caso asociado a servicios de marketing a través de una empresa audiovisual cuyo dueño es el candidato a primer diputado por la Provincia de Buenos Aires por el Pro, el relator deportivo Fernando Niembro.

 

El escándalo es de tales proporciones que al cierre de esta nota continúan las novedades sobre el caso. Veamos algunos detalles que claramente prefiguran un “modus operandi” macrista en sus relaciones con las empresas privadas y sus amigos, y de la manera que entrega el dinero de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires incluso vulnerando los más elementales principios de la legalidad de los actos de gobierno.

 

Como antecedente es de recordar que Macri y Niembro hace años habían hecho amistad, y el uso que hacía el relator deportivo del micrófono frente a las cámaras, en los espacios que intermedian la transmisión de los partidos, había sido el de ensalzar a Macri siempre que podía, y convocarlo a diversos reportajes elogiando su figura y su gestión. También es de hacer notar que Fernando Niembro fue en los años ’90 vocero de prensa del ex presidente Carlos Menem.

 

Yendo concretamente al caso de presunta corrupción que ya ha llegado a la Justicia, el mismo se originó en una denuncia del diario Tiempo Argentino por 170 contrataciones que realizó la empresa fundada por el periodista deportivo, 'La Usina Producciones', con el gobierno porteño entre los años 2012 y 2015 por un monto sideral –para el servicio que prestaba, que iba de reparto de volantes a encuestas de satisfacción de usuarios- de más de 21 millones de pesos. Entre las irregularidades se halló que los contratos ni su modalidad fueron publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad y se realizaron por contratación directa, sin ningún tipo de licitación que implicara un concurso de precios, con decretos de necesidad y urgencia que no se ameritan en servicios como los que prestaba la empresa de Niembro.

 

Después de la denuncia, se conoció además una operación turbia de Fernando Niembro, con la certeza seguramente que le deparaba un futuro político exitoso junto a su socio Mauricio Macri. Cuando ya había facturado 17 millones de pesos con el Gobierno de la Ciudad, vendió la empresa a un monto irrisorio de 20.000 pesos. Incluso mintió en sus declaraciones cuando afirmó que la venta se realizó hacía un año y medio. La realidad es que Niembro cedió a Aldana Meza, que comparte apellido con su ex socio Atilio Meza, todas las acciones que poseía en La Usina Producciones por un monto que equivale al 0,15% de la facturación de la empresa al gobierno macrista. Y además miente al asegurar que cedió su participación en la empresa en los primeros días de marzo de 2014, cuando en realidad el trámite concluyó el 11 de marzo de 2015. La defensa de Niembro fue muy particular: “ganamos esos contratos porque ofrecimos el mejor descuento (…) Están objetando cosas del pasado, de cuando tenía otra actividad. A mí no me afectan, no me van a amedrentar”.

 

Conocido el hecho, el abogado Antonio Liurgo oficializaba una denuncia en la Justicia contra Mauricio Macri y Fernando Niembro por presunta comisión de delito por administración fraudulenta. Además, solicitó el “allanamiento” y el “inmediato secuestro de documentación” de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno porteño y en sus fundamentos señaló que Macri actúa favorecido por “el blindaje que le ha proporcionado la justicia capitalina”, y recordó la condición de “procesado” del Jefe de Gobierno en el fuero penal federal.

 

Varios días después de que trascendiera la denuncia, seguramente después de reunirse con Durán Barba, Mauricio Macri ensayó una respuesta al escándalo que, como siempre que queda en evidencia por una irregularidad de su gobierno, suena a falsedad por sus argumentos confusos y generales que tienden a evadir el punto en cuestión, y referirse a historias descontextuadas. Esto decía Macri, con sus recurrentes e irrisorios argumentos evasivos: “Les duele mucho el testimonio de un peronista que pone en evidencia lo poco que han cumplido con todas las promesas que han realizado en todos estos años (…) Fernando es un testimonio honesto, sincero, un peronista que siente que no se puede manipular ni esclavizar la pobreza y la relación con la Ciudad es absolutamente transparente, no tiene nada raro (…) él pertenecía accionariamente a una empresa que prestaba servicios de consultoría, encuestas de la que ni siquiera ahora pertenece hace ya más de un año” (sic).

 

Como se ve, en el gobierno macrista, “la patria contratista de los amigotes” es un “modus operandi”, un toma y daca que mezcla con alto grado de impunidad la política y los negocios.

 

 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2015

 

 

* Historiador, escritor, periodista y asesor legislativo. Autor de los libros “Gramsci en la Argentina. Los desafíos del kirchnerismo” (2° edición 2014), “La Cámpora sin obsecuencias. Una mirada kirchnerista” (2014) y “Macri – Durán Barba. Entre los globos, el círculo rojo y las guerras sucias” (2015, próximo a salir a la venta). Co-Director Editorial de la revista “Comunidad y Desarrollo en la Batalla Cultural" y conductor del programa radial “Política con ideas” los martes de 18 a 20 hs. por AM 830 Radio del Pueblo.