La regresión política en la que entró el país el 10 de diciembre, entendiendo por ello la eliminación o limitación de derechos instituidos en el período anterior, abarca expresamente a la comunicación en sus formatos variados. Los actores del sector están así forzados a un proceso de readecuación de discursos, lenguajes y tácticas para hacer frente a un avance de grupos concentrados muy poderosos, nacionales e internacionales.

 

Este avance se sustenta en la iniciativa adoptada por las corporaciones que tomaron el poder político de la mano de Mauricio Macri, pero se alimenta también en desaciertos o descuidos de la gestión precedente. Un ejemplo difícil de discutir son los sistemas precarios aplicados para la incorporación de personal en el Estado, que el macrismo está usando al máximo para su política de despidos y desmantelamiento de estructuras y programas. No obstante, justo es asumir a la vez que el gobierno habría procedido con esta política a como dé lugar, sin consideración por norma alguna.

 

En el campo de la comunicación también pueden hacerse observaciones, sobre el ritmo de la gestión en el sector, si pudo haber avanzado más de lo que lo hizo desde que, en octubre de 2009, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quienes, en las posiciones más diversas y las responsabilidades más dispares, apoyamos aquel proyecto, con sus implicancias políticas, económicas y culturales, ¿supimos ver que el Poder Judicial iba a erigirse como un vallado infranqueable, defensor de los privilegios mal habidos por el grupo Clarín? ¿Qué estrategia fue desplegada frente a ello? ¿Cuáles las fallas, visto los resultados?

 

Las preguntas pueden prolongarse casi sin fin, y atropellarse entre sí. ¿Todos los actores aprovecharon las condiciones generales favorables para fortalecer los proyectos comunicacionales y valerse de sistemas de sustentabilidad, para no depender exclusivamente de los funcionarios estatales de turno? O, por caso: La incorporación de las compañías telefónicas al sector audiovisual por la ley de Argentina Digital, y que había sido desestimada en la Ley 26.522, ¿se resolvió con la necesaria discusión con todos los sectores, escuchando a todas las partes?

 

Ahora las condiciones cambiaron bruscamente. Como bien explicó Washington Uranga en Página/12, apenas asumir Macri iba a tener que empezar a pagar las deudas de la campaña y el pronóstico, en comunicación, se cumplió con amplitud, a través del decreto 267/15.

 

Ese instrumento, que modifica la Ley usurpando funciones del Congreso puesto que no hay más necesidad y urgencia que las ganancias del grupo dominante, profundiza las condiciones para la concentración, retira a la TV por cable del sector audiovisual para pasarla al de telecomunicaciones, discrimina a las empresas telefónicas por dos años con opción a uno más y destruye el espíritu pluralista, multisectorial y federal con el que están dotados los organismos establecidos por la Ley 26.522, como AFSCA y COFECA, para imponer una mayoría automática del macrismo en el organismo creado, Ente Nacional de Comunicaciones.

 

En la práctica, Clarín podrá tener más emisoras de radio y TV de las que ya tiene, y detentar porciones aún más amplias de clientes de la televisión paga, en detrimento de los demás actores. Pequeñas y medianas empresas, radios y televisoras cooperativas, sindicales, comunitarias, universitarias, están expuestas a la voracidad de este monstruo que tiene todos los resortes para obtener aquello que sea útil para su acumulación.

 

Los activistas y militantes de la comunicación democrática que crearon las condiciones para la aprobación en 2009 de la Ley 26.522 se encuentran ante esta regresión. El cambio de época política, la denostación de la gestión precedente, un cierto clima social de ruptura con "lo anterior" a la espera de algo supuestamente "nuevo", crea en ocasiones la tentación peligrosa de dejar de reivindicar lo que fue legítimamente conquistado, para adoptar un giro de discurso que tenga posibilidades de ser escuchado en la sociedad, condición indispensable para toda construcción democrática.

 

Así, hay temor a que defender la Ley sea asumido como la reivindicación directa o indirecta de un determinado funcionario, y a que el uso de ciertas consignas o enunciados quede emparentado con un período político con el que una mayoría muy ajustada de la población puso distancia. Son temores o precauciones atendibles, pera nada debería privar a argentinos y argentinas de defender lo primordial, lo esencial: las leyes las debate y aprueba y modifica el Congreso y no el Ejecutivo bajo la falsedad de una "necesidad y urgencia"; una de las leyes más debatidas en la historia del país, como la 26.522, no puede ser desnaturalizada en sus aspectos primordiales por un presidente que está al servicio de una corporación.

 

Por lo tanto, el rechazo total al decreto 267/15, la reivindicación plena de la Ley 26.522 y el reclamo fuerte, sonoro, permanente y orgulloso de su cumplimiento efectivo, en cada uno de sus artículos, son consignas que no se pueden resignar.

 

Esto no significa negar predisposición o ánimo para debatir reformas o normas nuevas que mejoren a la anterior. Por el contrario, aceptar esa discusión lleva implícito el requisito de un proceso amplio de debate y participación, es decir que vuelve a reivindicar el camino seguido para la elaboración y aprobación de la "Ley de Medios K", como la bautizó el grupo Clarín y la nombraban cada uno de sus locutores y dactilógrafos. Disputar la comunicación para volverla democrática no podría hacerse jamás a costa de la entrega u olvido de una historia digna, valerosa, por más que se asocie con alguna letra, transitoriamente incómoda.

 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2016

 

*Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA).