Nos encontramos en una nueva fase del capitalismo mundial en la que vuelven a estar en disputa dos modelos de gobernanza global, dos grandes ejes geopolíticos.

 

Esos dos modelos responden, de un lado, al beneficio irrestricto, descarado, del capital financiero, que ya ni siquiera utiliza el poder de ciertos Estados como intermediarios, sino que directamente se apropia de la política. Esto es una suerte de enajenación de la política, la definitiva subordinación estatal a los mercados, con más salvajismo que nunca. El nivel de concentración habla claramente de un modelo que es insostenible desde la lógica de las democracias populares y de los poderes estatales.

 

Del otro lado, justamente la defensa de las democracias populares y de los poderes estatales como ordenadores de los mercados. El proceso de acumulación que ha tenido lugar en estas décadas pone a los Estados en desventaja. Cuando la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner repetía que la deuda de los Estados es casi tres veces superior a su capital, hablaba de una colosal transferencia de recursos del patrimonio público al sector financiero. El dispositivo de poder que asedia a los Estados está integrado por el conglomerado financiero-petrolero-armamentista, con un claro apoyo de las cadenas mediáticas; tiene alcance global y multiplica los niveles de violencia en las zonas de conflicto como el Oriente medio, por ejemplo, de modo de tener la mejor excusa para mantener bajo control sus sistemas políticos, extraer su petróleo y vender sus armas.

 

El tema del petróleo en Medio Oriente tiene una implicancia cada vez más política que estrictamente económica, a partir del momento en el que los Estados Unidos comienzan a encauzar su déficit energético mediante la explotación de sus yacimientos no convencionales, lo que a su vez les permite llevar a una baja estrepitosa el precio internacional, ahogando a muchos de los países productores. No obstante, Medio Oriente sigue siendo una zona de provisión muy grande hacia el mercado europeo y, por lo tanto, debe ser controlada por el imperialismo para limitar el acceso del otro eje geopolítico, integrado fundamentalmente por Rusia (desde el punto de vista político) y China (desde el punto de vista comercial), y al cual la mayoría de los países de América Latina se había inclinado en lo que va de este siglo.

 

El cambio de gobierno en Argentina no es simplemente un traspaso presidencial, sino que implica un cambio de alineamiento de un eje geopolítico a otro. Esto es lo que hizo que Macri pusiera tanto énfasis en la situación de Venezuela en la reunión de Mercosur, y que faltara a la reunión de la Celac, en clara consonancia con los intereses del Departamento de Estado de los EE.UU. Otra de sus señales más claras en cuanto a ese cambio de eje geopolítico del nuevo gobierno argentino es el decreto de emergencia en materia de seguridad, al permitir la injerencia de las fuerzas armadas en temas de seguridad interna y fundamentalmente con el tema de los derribos aéreos. Con ello devuelve a la Argentina a la esfera de la DEA, que es mucho más un mecanismo de control del denominado “patio trasero”, que una herramienta efectiva de combate al narcotráfico. Reingresar a la DEA es otra muestra del traslado a un nuevo eje geopolítico.

 

Este modelo desenfrenado de acumulación capitalista se expresa también a través de esos tres tratados internacionales que están negociándose en este momento; el transatlántico de libertad de comercio (TTIP), el transpacífico de libertad de comercio (TPI) y el tratado de servicios (TISA). Todo por fuera de la OMC, de modo de excluir a China y poner a Japón como principal actor entre las economías del Pacífico, y a México, Colombia y Chile como eje de la participación latinoamericana en ese esquema de dominación.

 

Hoy, el nuevo gobierno argentino se está planteando la posibilidad de integrarse a ese eje político y comercial. En Venezuela, el campo bolivariano ha perdido las elecciones parlamentarias y por ende el control de la Asamblea, y el gobierno del PT de Brasil está francamente débil.

 

Indudablemente, el descenso en la intensidad de los procesos populares en la región es evidente si se lo compara con la década anterior, luego del hito que fue la negativa a conformar el Alca y de ciertos proyectos como la integración energética entre los hidrocarburos de Venezuela y Bolivia, la Amazonia y los grandes acuíferos y reservas de litio del litoral y norte argentinos.

 

Un proceso trunco es la integración financiera a través del Banco del Sur, la recuperación de reservas internacionales depositadas en Nueva York o en Basilea y la creación de una moneda de clearing para el intercambio regional, para el ahorro de divisas por parte de la región. Todos estos asuntos están muy debilitados por el retroceso de Brasil y las derrotas electorales en la Argentina y en Venezuela. Esto también compromete a los procesos vigentes en Ecuador y en Bolivia, porque mejora las condiciones para la embestida que padece Evo Morales ante el plebiscito constitucional y las protestas oligárquicas contra la iniciativa de Rafael Correa de establecer un impuesto a las grandes herencias.

 

Esto obliga a repensar y redimensionar nuestros procesos. A nuestro criterio, el problema no fue sólo la irritación creada por las medidas que tomaron los gobiernos populares, sino también su falta de profundización. En este tipo de procesos llega un momento en que se encuentran con límites estructurales, que tienen que ver con la falta de diversificación de nuestra matriz productiva, o con una insuficiente inversión en desarrollo tecnológico autónomo. SI no se toman las medidas para su profundización, los mercados vuelven a deteriorarlos.  

 

En términos de una prudente autocrítica, siempre sostuvimos el proceso bolivariano en Venezuela, pero indudablemente, algún error se habrá cometido en un país gobernado durante 15 años por un proceso revolucionario, la mayor parte de ellos con un precio del barril de petróleo superior a los 100 dólares, y que sin embargo no sustituyó importaciones industriales como para evitar el escandaloso desabastecimieno al que fue sometido por los poderes fácticos. También hay que reflexionar sobre los resultados que arroja sobre la economía brasilera la alianza que Lula y Dilma Rousseff entablaron con el poder financiero internacional; gobiernos muy inclusivos en lo social y autónomos en materia de política exterior, pero con demasiadas concesiones macroeconómicas, de modo que hoy ese mismo poder financiero se toma revancha a través del retiro de capitales, la suba de las tasas de interés y la recesión. 

 

En Argentina, la próxima etapa del ciclo histórico de los gobiernos populares deberá afrontar un proceso aún más difícil de lo que le resultó a Néstor Kirchner. Él tomó dos medidas de desendeudamiento que fueron muy importantes para sostener el modelo productivo y de desarrollo industrial. La primera fue el pago cash al FMI, lo que se pudo hacer por los elevados precios internacionales de nuestras exportaciones, que derivaron en un superávit que permitió recuperar rápidamente las reservas utilizadas. Hoy esos precios no existen. La segunda medida fue la renegociación de la deuda privada con una quita muy importante de capital y extensión de los plazos de pago. Eso lo pudo lograr aduciendo la crisis estructural que había sumido a nuestro país, argumento que no estará presente en caso de una nueva renegociación, a posteriori del gobierno macrista.

 

Es decir que no sólo vamos a tener que reparar eso, sino que vamos a tener que replantear cómo actuar sobre la renta financiera, sobre la inversión, sobre la entrega de los puertos nacionales y nuestra flota mercante que provoca un excepcional drenaje de divisas, sobre la concentración oligopólica de las exportadoras, porque no haber actuado sobre esos factores de poder fue lo que les permitió desarrollar su proyecto, incluyendo su alianza estructural con el poder mediático y el partido judicial. De esa manera, pudieron recuperarse de la batalla cultural que se dio desde un principio por parte del kirchnerismo, y se acentuó con el episodio de la resolución 125 y desde la Ley de Medios en adelante.

 

En definitiva, no obstante la magnitud impensada e impactante de las medidas como la negativa al ALCA, la recuperación de los fondos previsionales e YPF, las mayores atribuciones del Banco Central sobre los bancos privados, la disputa con los fondos-buitre y la intromisión en el poder paralelo de la ex SIDE, quedaron políticas por realizar que nos permitieran trasponer esos límites estructurales que impone el modelo tradicional de dominación económica, financiera y cultural en América Latina.

 

Por puro análisis político, el próximo programa, lejos de ser más moderado que el anterior, deberá ser necesariamente más ambicioso. Para ganar definitivamente en lo cultural y doblegar en lo económico el poder de revancha de los sectores dominantes. El no haberlos doblegado políticamente, genera esta brutalidad en el ajuste económico y social, y el presente intento de descabezar al kirchnerismo, al que haremos fracasar mediante nuestra militancia y organización.

 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2016

 

*Secretario General Partido SÍ, Solidaridad e Igualdad