El Congreso de la Nación continuará sus sesiones hasta el recambio parlamentario del próximo 10 de diciembre, por lo que esperamos que durante esa prórroga se convierta en ley el Régimen de Promoción de las Juventudes, que se encuentra en el Senado con media sanción de la Cámara de Diputados. Dicho proyecto incluye a más de sesenta programas y llegará a cubrir a un millón de beneficiarios.   

 

Su aplicación se amplía a quienes tengan entre quince (15) y veintinueve (29) años de edad. La idea es instituir un marco normativo integral que implante los derechos de las y los adolescentes, así como también las obligaciones del Estado a los fines de garantizar y de promover su ejercicio efectivo, favoreciendo la articulación inter-ministerial y la coordinación federal de las políticas públicas en esta materia.

 

Se trata, sin duda alguna, de promover un orden social más equitativo y más justo, intentando encuadrar o domesticar al libre mercado mediante regulaciones sociales a favor de la juventud. El problema de la inclusión deviene entonces en la cuestión social por excelencia, para paliar aquellas desventajas que padecen nuestros pibes en materia de derecho al trabajo,  la salud, la educación, la vivienda y la cultura.

 

Más de veinticinco mil jóvenes debatieron -a lo largo y ancho del país- los puntos centrales del proyecto, buscando que la norma se asimile a la realidad de cada provincia. Estos foros juveniles recorrieron numerosas localidades de nuestro territorio para que el régimen incorpore temas  tales como el tratamiento y la prevención del uso de sustancias ilegales, la salud reproductiva y el acceso a la vivienda.

 

El fin de esta nueva política estatal inclusiva dirigida a los jóvenes es que las futuras generaciones cuenten con los mismos derechos y garantías que tienen en la actualidad. Tal iniciativa instaura como objetivos a lograr: el respaldo de una sanidad plena, integral y de buena calidad; el derecho a la seguridad social y al trabajo, con su consiguiente capacitación laboral; el financiamiento educativo; entre muchos otros.

 

Dispone un sistema de actualización automática del plan PROG.R.ES.AR – Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, para que los jóvenes entre los dieciocho (18) y los veinticuatro (24) años de edad sigan iniciando y completando sus estudios en cualquier nivel educativo. Los actuales $ 900 por mes se mejorarán cada seis (6) meses, al igual que las jubilaciones y la AUH - asignación universal por hijo.

 

La normativa procede a instituir seis nuevos organismos, denominados “Promoción de las Juventudes”. Entre ellos está el Instituto Nacional de Juventudes, que tendrá a su cargo implementar el plan Progresar; y la Secretaría Nacional de la Juventud, que pasará a la órbita de la Presidencia de la Nación. Se crea también la red de Consejos Municipales y la figura del Defensor de los Derechos de la Juventud.

 

Tanto esos organismos municipales como el Consejo Federal coordinan y articulan inter-jurisdiccionalmente las políticas de los adolescentes, a la vez que propician la organización y la participación juvenil así como la fundación de áreas a nivel local. De tal modo se tiende a fortalecer el federalismo y las perspectivas regionales en la implementación y el diseño de todo lo atinente a sus propósitos y necesidades.  

 

Para concluir, digamos que la lucha contra la exclusión se lleva a cabo, y sobre todo, también bajo una modalidad preventiva. De hecho, la inclusión de nuestros adolescentes va en procura de que todos ellos se encuentren por dentro de los circuitos activos de intercambios sociales. Esta norma pretende asegurarles la mayor y mejor protección posible ante un futuro que hoy se les presenta incierto y difícil. 

 

 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015

 

*Psicólogo Social - Abogado - Docente Escritor                                                                                                                                                                                                        

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