El mérito indudable de la política económica de los primeros diez años de la administración de los Kirchner fue generar un modelo de producción y distribución en base al mercado interno, con lo que por un lado se superaba el modelo de valorización financiera del capital e integración a los mercados internacionales de los noventa (en desmedro de la producción interna), y por el otro, se concebía un patrón de crecimiento a favor de las economías regionales, de las PYMES, y del empleo y de los salarios.

 

Esto fue tan así, que en un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) de fines del año 2013, por medio de  su máxima autoridad, Alicia Bárcena, reconocía que la Argentina era una de las naciones de la región que más redujo la desigualdad y la pobreza en lo que iba de este siglo.

 

En un país como el nuestro, donde los sectores dominantes permanentemente contemplan la posibilidad de que la situación se revierta, razón por la cual las inversiones están atadas fundamentalmente a la demanda de corto plazo, se tornaba imprescindible que para superar definitivamente dicha restricción, se consolide el modelo, y para ello era necesario que se incremente y diversifique la sustitución de importaciones y la canasta exportadora con un sesgo a favor de la producción de bienes industriales no tradicionales, con mayor contenido tecnológico local, ya sean nuevas o aquellas que surgieran de internalizar procesos de la cadena productiva que se realizan en los países de destino.

 

El objetivo era un uso eficiente de las divisas fomentando la creciente industrialización, lo que permitirá la expansión de las industrias sustituidoras de importaciones (y su correspondiente innovación técnica), y las exportaciones, y con ello generar la capacidad para pagar las crecientes importaciones de otros insumos, coherentes con las mayores tasas de crecimiento del producto.

 

Es claro que esto no lo iba a producir el mercado por su cuenta –menos aun con la herencia todavía no saldada de desintegración y heterogeneidad industrial[1] y con las disparidades de rentabilidad que mantienen varios de nuestros commodities de exportación con el resto de las producciones locales-, para ello se generaban políticas públicas dirigidas en forma directa hacia sectores seleccionados en base a criterios específicos, como lo presenta el Plan Industrial 2020, el Plan Agro Alimentario, o el Plan Argentina de Inversión Pública basándose en la consistencia macroeconómica en que la capacidad de ahorro supera a la inversión; la soberanía fiscal, monetaria y cambiaria; y el perfil de integración al mercado mundial, con posibilidades de continuar sustituyendo importaciones y ampliar las exportaciones.

 

Pero, el crecimiento del nivel de actividad y de las exportaciones fueron superados ampliamente por el incremento de las importaciones, tanto energéticas, como el hecho de que el 70% en promedio de la industria automotriz es importado, igual o peor pasa con la fabricación de celulares,  y no son muy distintos los ensamblados de otras producciones. En ese contexto el gobierno siguió apuntalando la demanda agregada, sin ver (o sin querer ver) que los empresarios fijaban precios con altos márgenes de ganancia y que ese margen se usaba más para girar a sus casas matrices que para invertir.

 

El ahorro nacional superaba ampliamente la inversión, y esa diferencia se convirtió, mayoritariamente en una fuga constante de capitales (una parte menor se invirtió), por lo que la oferta (producción nacional) no crecía lo que podía crecer, y no solo se hizo muy poco para poner freno a la fuga, sino que se siguió fomentando la demanda empleando como principal factor el atrasar el tipo de cambio, con lo que se reforzaba la compra de divisas y así sucesivamente.

 

Hubo serios planteos para revertir la situación pero no se los escuchó, y pese a haber tenido superávit en la cuenta corriente hasta el año 2012 inclusive, en el año 2013 las mismas cerraron con un rojo de U$s 13.500 millones que debieron cubrir las reservas internacionales del BCRA.

 

Ese indicador económicamente demuestra el comienzo del fin del modelo, a lo que le sigue el desacierto de la devaluación de enero de este año, el de tardar nueve meses en gravar con impuestos a las ganancias (y con la alícuota del 35%) a las operaciones denominadas contado con liqui (que es la compra de títulos y acciones que cotizan en el exterior, que se compran en pesos y se venden en dólares a un tipo de cambio muy superior al oficial),  el de autorizar la compra hasta U$s 2.000 por mes y por persona que desde el 28 de enero al 15 de octubre de 2014 significó ventas y disminución de las reservas internacionales del BCRA por más de U$s 2.000 millones, el de creer que la justicia norteamericana iba a desconocer los planteos de los holdouts cuando tienen seguros por default por más de U$s 900 millones para repartir, el de tratar de convencer a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos (especialmente de soja) que liquiden sus operaciones, y el de tratar inocentemente de acordar con la COPAL (Coordinadora de Productos Alimenticios donde están desde Molinos Río de la Plata, Aceitera Gral Deheza, Ledesma, Arcor, La Serenísima, etc.) que no aumenten sus precios.

 

Entonces, entre no haber tomado las medidas a tiempo para frenar la fuga de capitales (que al incurrir en déficit en la cuenta corriente impacta sobre las reservas internacionales del BCRA), y la ingenuidad de una conducción de teóricos con bajo nivel práctico, que confunden la más de las veces el deseo con la realidad y por ende propensos a ser engañados por la rentística burguesía que opera un nuestro país, el resultado no podía haber sido otro que el de entrar en el fin de la gestión con un seguro reemplazo por otra administración pro-mercado, cuyo primer objetivo es eliminar el cepo cambiario, último bastión ante la dolarización de la ganancia, dado que es crítica (y estúpida) la existencia del dólar ahorro, pero es volver a los noventa dejar que pasen la totalidad de sus ganancia en pesos a dólares.

 

¿Por qué decimos que al gobierno lo sucede otro que desde el vamos va a acatar las decisiones de las grandes corporaciones que están en la Argentina? Bien,  porque el discurso dominante sigue siendo que la regulación de los mercados es mejor que la regulación estatal, y todo lo que se hizo hasta ahora queda desdibujado ante la suba generalizada de los precios y la caída del nivel de actividad provocada esencialmente por la devaluación de enero, y todas las medidas pro mercado que se tomaron este año 2014. Cuando se vislumbra como único camino el de volver a los mercados de capitales para financiar el rojo de la cuenta corriente y conseguir dólares para financiar las importaciones, cuando las actuales autoridades de economía plantean el ingreso de dólares por nuevos acuerdos financieros internacionales (con entes públicos y privados, que van a pedir el reconocimiento del 100% de la deuda en poder de los holdouts), más los swaps con China, más acordar con las cerealeras la venta de los granos retenidos (por supuesto con altos costos que implican antes que nada la de aceptar la lógica de los mercados).

 

Cuando se tiene como estrategia de largo plazo la extracción del gas y del petróleo de las piedras y la producción de soja, de allí la ampliación de los plazos de explotación de Vaca Muerta y otros yacimientos, y el trasfondo de la negociación para que los sojeros liquiden parte de la cosecha retenida, desistiendo de un plan integral que implique industrializarnos y generar puestos de trabajo

Entonces, una vez más la derecha y sus apologistas recurren al trillado discurso lineal, simple y superficial que todo tiene solución si se restablece la fe en los mercados, la seguridad jurídica y la sarta de mentiras que han dicho miles de veces, pero que impactan desgraciadamente ante el bajo nivel de consciencia de nuestra sociedad.

 

El problema central radica en que el Estado no cumplió acabadamente con su rol de disciplinador de la rentística y parasitaria burguesía Argentina. No existen los mecanismos de autorregulación de los mercados, eso es una mentira de la economía vulgar que desgraciadamente se enseña y se sigue enseñando en nuestras facultades (públicas y privadas), John Maynard Keynes lo dice claramente en el prólogo de su libro que denominó “La Teoría General” porque lo del equilibrio de mercado es un caso muy particular que él (el más importante de los teóricos de la ciencia) nunca vio ni conoció que existiera. No hay sincronización ni convergencia posible si el Estado no cumple con su rol de policía fiscal, monetaria, cambiaria, comercial y de ingresos, disciplinando duramente a quienes atentan contra sus facultades. Por ejemplo, las irregularidades e incumplimientos de  los empresarios que atentan contra nuestra moneda, que no cumplen con sus responsabilidades fiscales y sociales, se deberían haber hecho públicas y se debería haber sancionado ejemplarmente a los infractores.

 

Cuando se habla de todo lo hecho por Corea del Sur desde el fin de la guerra de las Dos Coreas, no se dice que su presidente, el General Chung Hee Park, convirtió un país pobre y rural en una poderosa economía industrializada, conformada por grandes empresas de propiedad coreana que producen acero, barcos, automóviles y aparatos electrónicos, pero con acuerdos con el Estado coreano, y que a los que incumplieron se les confiscaron sus bienes, fueron presos o desterrados.

 

Cuando uno observa por qué el presidente Evo Morales obtiene el 60% de los votos en las últimas elecciones celebradas el domingo 12 de octubre 2014 en su país, la respuesta es porque ha sido consecuente con un modelo que con todas sus limitaciones se basó en proteger su mercado interno y el trabajo local. No muy distinto al que aplicó el kirchnerismo en los primeros nueve años, que le dieron la reelección a la Presidenta con el 56% de los votos en el año 2011. En ese momento se debería haber vuelto sobre los pasos y restablecer el modelo original, con todas las correcciones (cambiaria, fiscal, monetaria) que se podían haber ejecutado desde el Estado. Sin embargo se optó por el sendero que parecía más fácil, menos conflictivo, en el que se priorizaron las razones de mercado, donde el Estado en lugar de avanzar retrocedió, profundizando la inconsistencia macroeconómica de déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente y falta de un plan ordenador.

 

Los senderos se bifurcan y se erró en la elección. Ahora, con la derrota electoral del año 2013, en lugar de replantearse la situación se insiste en agradar a los mercados. Como dice el economista Gabriel Palma, en los tigres asiáticos los países están plenos si los empresarios invierten y el Estado fiscaliza esa inversión, en Latinoamérica se depende del humor de los empresarios y la lógica de ellos es la lógica de la maximización de la ganancia en desmedro del presente y del futuro de la población.

 

 

 

[1] El grado de concentración y extranjerización de nuestra economía en productos claves como lo son los bienes de uso difundido (acero, aluminio, petroquímica, cemento, etc.), así como la industria automotriz, etc., permite  que maximicen utilidad por empresa por encima de los intereses del país, de manera tal que esas empresas se convierten en grandes importadores y no generan tecnología local, diferencia sustancial con los principales países emergentes (China, India, Corea del Sur, etc.) donde el Estado acuerda los niveles de producción con tecnología propia.

 

 

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía