El Estado redistribuidor, como solución y como problema
Toda fuerza política que se plantee conducir el país deberá reflexionar y actuar sobre el rol del Estado para poner énfasis en el desarrollo industrial, atendiendo a criterios de competitividad pero sin retroceder en las conquistas económicas y sociales de los sectores trabajadores.
Por Hernán P. Herrera*
(para La Tecl@ Eñe)
El kirchnerismo resultó la primera expresión peronista de un gobierno después de Perón. Descartada la década neoliberal como expresión peronista, ya que históricamente el peronismo mejoró los tejidos sociales y económicos, reflejados en un mayor mercado interno y en la proliferación de PyMEs, los años que van entre 2003 y 2015 serán los primeros años en que el Estado estuvo conducido por un peronismo sin Perón.
La brecha entre deciles de ingreso individual de todo el país se redujo (de 33 veces hasta 19 veces entre el 10mo y el 1er decil, desde 2003 hasta 2013), el salario real aumentó entre un 31% y un 46% (entre 2003 y 2013, según que medición de "inflación privada" se use), el desempleo bajó de alrededor de 20% hasta 7,5%, la distribución del ingreso per cápita familiar (coeficiente de Gini) pasó de 0.525 en diciembre de 2003 a 0.413 en diciembre de 2013 (21% de mejora), y según la base 2004, la participación del salario en el PBI (valor agregado bruto) pasó del 30% en 2004 a 51% en 2013.
Lo anterior es peronismo, en el sentido que sólo con Estado interventor (apuntando a eso) puede lograrse algo así en la Argentina. El Estado puede ser interventor en la medida que sostenga cierta soberanía política (para lo cual requiere alguna independencia económica). Así, puede tomar decisiones de política económica, tanto a nivel fiscal, comercial, cambiario y monetario, administrando el comercio exterior, el nivel del dólar, el gasto público social y la emisión de acuerdo a criterios del proyecto del gobierno, y no de intereses privados.
Ahora bien, estos criterios fueron orientados al mercado interno y a la recuperación del tejido social entre 2003 y 2013, atendiendo al fuerte resquebrajamiento social que dejaron los 25 años que fueron entre 1976 y 2001, donde primaron políticas de sumisión, represión, desregulación y valorización financiera. Como resultado de este objetivo, también se logró recuperar parte del tejido productivo existente con anterioridad al “rodrigazo” 1975.
Gráfico: una sociedad como la Argentina sólo puede pensar en el desarrollo sostenible en función de una cuenta corriente positiva en el largo plazo.
El Estado redistribuyó hacia los sectores populares entre 2003 y 2013. En los años anteriores también redistribuyó, pero generando transferencias desde toda la sociedad hacia los sectores concentrados (con alguna excepción al regreso de la democracia), encontrando su máxima evidencia en los niveles de endeudamiento, producto de deuda que era pagada año a año con nueva deuda, sin dejar nada para la economía que no sean ataduras y daños para el tejido social (con énfasis en el crecimiento de la vulnerabilidad) y perjuicios para el desarrollo de mediano plazo.
Mucho se habla de cambios y continuidades, pero poco acerca de qué cambios son necesarios para hacer posibles qué continuidades.
En la etapa que sigue, cabe pensar en corregir algunos detalles de esa redistribución de recursos. Una vez recuperado el tejido social, no resuelto sino recuperado al nivel que más o menos tenía antes de empezar la traza de destrucción industrial iniciada en 1975 –y profundizada entre 1976 y 2003–, es interesante plantear una nueva forma de redistribución. Ya no hacia los sectores populares como eje central, sino hacia los sectores productivos que permitirán sostener en el tiempo las mejoras sociales de esos sectores populares.
Entonces, toda fuerza política que se plantee conducir los destinos del país, deberá reflexionar y actuar sobre el Estado para poner énfasis en el desarrollo industrial, atendiendo criterios de competitividad pero sin retroceder en las conquistas económicas y sociales de los sectores trabajadores. En este sentido, deberán conducirse desde el Estado tasas de ganancia por sector, generando certidumbre de largo aliento sobre ellas y promoviendo mayores tasas que promuevan inversiones en los sectores estratégicos para el desarrollo.
Es notable que frente a una campaña electoral, y la elección de 2015, que marcará sin dudas a la nación durante los próximos años, no haya ninguna fuerza política que proponga un salto hacia adelante, pensando en cuestiones que no han sido resueltas en esta etapa, como nuevas regulaciones sobre el sistema financiero y el crédito productivo, o el desarrollo económico e industrial sostenible e inmune a nuevos cuellos de botella por la falta de divisas, que necesariamente requerirá de articulaciones superadoras con el campo. La mayoría de las fuerzas políticas, salvo algunos sectores del oficialismo, son más claras en sus propuestas hacia atrás que en sus propuestas hacia delante. Resolver este desafío, primero discursivo, pero sobre todo práctico, para darle correcta forma discursiva, aparece como un elemento central para instalarse con fuerza en el juego democrático, en función de propuestas de cambios y continuidades vinculadas al desarrollo económico.
*Politólogo
@hernanpablo
