La disputa entre proyectos no es nueva en la Argentina. De hecho, esa puja define nuestra historia. El proyecto nacional-popular ha tenido dos momentos fuertes: el primero, el que va entre 1945 y 1955, con los dos primeros gobiernos de Perón; el segundo, el que arranca en 2003 y se extiende hasta nuestros días, con las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. El general Perón, en 1946, lo describía así: "en nuestra Patria no se debate un problema entre ‘libertad’ o ‘tiranía’, entre Rosas y Urquiza; entre democracia y totalitarismo. Lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre la ‘justicia social’ y la ‘injusticia social’”. De hecho, el objetivo primario de la política económica del kirchnerismo, tanto como lo fue del peronismo, efectivamente tiene que ver con la inclusión plena de los 40 millones de argentinos, a través del trabajo. En la inteligencia que la justicia social se construye, precisamente, a través de la generación de empleo. Por eso, la importancia adjudicada a la consolidación del proceso de industrialización del país que determina no sólo las decisiones de política económica adoptadas en los últimos once años sino la agenda a futuro para los años venideros que obligan a la profundización de un sendero de desarrollo económico, donde se conjugan el crecimiento y la redistribución de sus frutos, de la mano con la creación de más y mejor calidad del trabajo y mejores ingresos para todos los argentinos, así como la necesidad de profundizar el fortalecimiento del Estado como agente central en el diseño y conducción del desarrollo económico y social y de los instrumentos y el andamiaje jurídico de que dispone para guiar ese proceso. Nada diferente, por cierto, a lo que ha sucedido, a lo largo de la historia, en cualquiera de los países que han logrado altos niveles de desarrollo y condiciones de vida elevadas para sus poblaciones; ineludiblemente con Estados nacionales fuertemente involucrados en la esfera económica.

 

El ciclo que se abrió en 2003 en nuestro país, significó la interrupción de la hegemonía neoliberal, imperante desde mediados de la década del 70. Y, en materia económica, el abandono de los paradigmas que acompañan esa cosmovisión del mundo. En ese contexto, los modelos de manual, característicos del pensamiento neoclásico, fueron reemplazados por un programa de política económica que, con distintos instrumentos, se nutre de una tradición vasta y diversa que -por oposición a la ortodoxia neoclásica- se conoce como heterodoxia. Los resultados de esas políticas son inobjetables. En efecto, a lo largo del ciclo, la tasa de desocupación –que había alcanzado al 22% a la salida de la crisis de la convertibilidad– fue persistentemente decreciente hasta llegar al 6,4% en el último trimestre del año pasado. En igual sentido hay que leer el impacto redistributivo por la mayor participación de los salarios sobre el ingreso nacional, desde el 34% –en 2003– hasta el 47% actual. También, es importante señalar -como siempre lo hemos hecho- que, pese a los insoslayables avances de la década, la construcción de aquel país justo que Néstor Kirchner nos proponía soñar a los argentinos, el 25 de mayo de 2003, es una tarea aún inconclusa. En este sentido podríamos, a efectos comparativos, indicar que en 1974 la tasa de desocupación era de 3,4%, mientras la participación estimada de los salarios en el ingreso nacional alcanzaba al 60% (Encuesta Permanente de Hogares, 1974). Asimismo, tomando el coeficiente de Gini (indicador sintético de desigualdad) podemos observar tanto el avance en igualdad distributiva durante la década, al pasar desde el 0.54 en 2003 al 0.41 en la actualidad, como la distancia que nos separa de nuestros mejores niveles históricos, tal que en 1974 el mismo indicador se ubicaba en 0.36 (EPH 1974). Igualmente, la informalidad laboral, llamativamente ausente en la agenda de la oposición, que cayó desde niveles de 50% en 2003 hasta el 33% actual, señala otro de los frentes que aún exigen esfuerzos permanentes para devolver a ese tercio de trabajadores, en situación de vulnerabilidad, la plenitud de derechos que les corresponden.

 

Ahora bien, lo que no puede es ocultarse la realidad. Reconocer que no sólo no nos conformamos con los importantes avances conseguidos en la última década sino que resulta imperativo profundizar y perfeccionar el proceso en marcha, consolidando el desarrollo económico y social perdurable y definitivo de la Argentina, no puede implicar la negación de una realidad efectiva que señala el abismo que nos separa de aquel país donde el 54% éramos pobres y las filas de compatriotas que asistían a comedores y ollas populares para acceder a un plato de comida se multiplicaban a diario. A tal punto estamos en mundos diferentes que, por sólo citar algunas fuentes internacionales alternativas, la FAO (NdR: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en su informe "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2013", sostiene que la Argentina ha erradicado el flagelo del hambre. En línea con aquello, el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que la Argentina es uno de los países con mejor performance en la evolución del Índice de Desarrollo Humano, ubicándolo en la categoría más alta en la materia, que corresponde a los países con “Desarrollo Humano Muy Alto”. También el BID en su informe “Mejores pensiones, mejores trabajos, hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe” pone de relieve la cobertura previsional casi total para los adultos mayores que se alcanzó en la Argentina, destacándola como el único país de la región con ingresos superiores a 10 dólares diarios para casi toda la nómina de perceptores. Asimismo, reiteradamente, la CEPAL (NdR: Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha dado cuenta del buen desempeño de la Argentina en cuanto a la lucha contra la pobreza y la indigencia y la significatividad de la implementación de la AUH para alcanzar esos resultados.

 

Sin embargo, los mismos que hace 5 meses nos anunciaban el colapso inminente de las reservas, abatidas frente a un “blue” –simpático eufemismo para nombrar a un mercado ilegal– imparable que marcaba la cotización “real” que los economistas “serios” se ocupaban de clarificar, sosteniendo que se ubicaba entre los 12 y los 15 pesos, alimentando el contexto para la séptima corrida contra la moneda doméstica desde que la actual presidenta asumió su primer mandato (y que hoy no hablan de la estabilidad cambiaria que con pericia construyeron la autoridad monetaria y el equipo económico del gobierno, ni de la recuperación de la posición compradora del BCRA o la recomposición del nivel de las reservas) nos dicen que estamos peor que en el 2001. Con una peculiar habilidad para el borrón y cuenta nueva sobre lo sostenido ayer nomás, los mismos que reclamaban la liberación del tipo de cambio “atrasado” para dejarlo flotar hasta aquellos 12 o 15 pesos que determinaría “el mercado”, hoy acusan al Gobierno de haber perpetrado una devaluación “feroz” que configura el nuevo formato de la “crisis”. Detengámonos un instante en esta aseveración, porque ella encierra componentes medulares de la operación hegemónica que hace estragos sobre nuestra capacidad de comprensión de una realidad siempre más compleja que los manuales ortodoxos de economía del CBC. En los modelos tótem del neoliberalismo económico han desaparecido sujetos, instituciones y procesos históricos –menos existen disputas, intereses y conflictos, sino un manso sendero al “equilibrio”– y el análisis cotidiano parece acotarse a esa lógica modelizada que relata una realidad de variables autónomas de los sujetos y entelequias subordinadas a una racionalidad inherente a alguna suerte de “naturaleza” humana que se despliega al margen de la cultura y las construcciones sociales. En ese relato universalizante y ahistórico de verdades “objetivas” y absolutas, el Estado es un actor disonante, que incorpora “ruidos” en el desenvolvimiento “normal” de la economía. Como no existen sujetos ni intereses contrapuestos, o voluntades políticas, en el cuento que nos cuentan el único responsable de todos los males es el Estado. Por caso, frente a la devaluación no cuentan los actores (aunque podamos cuantificar su poder económico en niveles de facturación superiores al PBI) ni los intereses en juego, de modo que la realidad del tipo de cambio es fruto de la voluntad devaluatoria del Estado, aunque si no fuera por su intervención esos mismos economistas pronosticaban que “el mercado” lo hubiera ubicado entre 4 y 6 pesos por encima de su valor actual. Así la nueva versión de la crisis incorpora un ingrediente: el supuesto ajuste operado por el Estado. No se dice, claro, que el proceso de paritarias libres está permitiendo que los salarios se ubiquen un 30% por encima de los niveles previos, mejorando la capacidad adquisitiva de los trabajadores, ni que sobre la base de la universalización de la cobertura social (jubilaciones, AUH, Progresar), también caben actualizaciones nominales que todos los años le vienen ganando hasta a la inflación de las consultoras opositoras; menos que la tendencia en la evolución del IPCNU (NdR: Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano) es declinante. Tampoco se da cuenta del impacto sobre la demanda de los 80 mil millones de dólares que el Estado volcará a obra pública durante el año, o de los 10 mil millones del FONDEAR ( NdR: Fondo para el Desarrollo Económico Argentino) para financiamiento productivo de las empresas que se suman a los 53 mil millones aplicados a financiamiento productivo por resolución del BCRA desde la reforma de su Carta Orgánica, junto a los 23 mil millones proyectados para este semestre y otros tantos para el segundo. En igual sentido se soslaya el impacto de la crisis internacional que redujo a la mitad el comercio mundial, las implicancias del bajo crecimiento de Brasil y las caídas en su producción y menor demanda automotriz hacia nuestro país, a la hora de analizar la mala performance del sector automotor doméstico en los primeros meses del año. Por supuesto, mucho menos se señala la irresponsabilidad de un sector que tras años de producción, ventas y patentamiento récord opta por suspender personal, después de haber incrementado brutalmente los precios, dando cuenta de una conducta especulativa muy alejada del espíritu de la buena empresa. Y, consistentemente, a la hora de generar zozobra, tampoco se informa que la Encuesta de Indicadores Labolares que lleva adelante el Ministerio de Trabajo muestra que, en los meses donde se sintió el mayor impacto de la devaluación, se ha conservado una situación de estabilidad en el mercado de trabajo.