Uruguay: Ley de medios audiovisuales
El desacato de los poderosos
El periodista William Puente aborda en este artículo para La Tecl@ Eñe, las dificultades que Uruguay tiene para aplicar en plenitud la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La empresa de medios que transmite los partidos de la Selección Uruguaya, Tenfield, es quien lidera la cruzada contra la ley. Francisco Paco Casal, uno de los hombres más ricos del Uruguay, es el dueño de Tenfield, donde tiene como socios fuertes a los ex futbolistas Enzo Francescoli y Nelson El Tano Gutiérrez. El caso uruguayo de transgresiones a la LSCA se replica en Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Por William Puente*
(para La Tecl@ Eñe)
La empresa Tenfield, que a través de su canal de cable VTV transmite los partidos clasificatorios que juega el seleccionado celeste para el Mundial de Rusia 2018, se convirtió en la abanderada de las transgresiones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) con sus reiteradas negativas a habilitar la señal para que los cotejos puedan verse por la televisión abierta.
La LSCA establece en sus artículos 38, 39 y 40 que los eventos deportivos como los partidos del seleccionado uruguayo de fútbol en “instancias definitorias” o “instancias clasificatorias” son de “interés general” y por lo tanto “deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión de televisión en abierto y en directo y simultáneo".
Pero Tenfield desconoció las intimaciones que le hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), encargada de hacer cumplir las normas de la LSCA mientras no sean designados los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual que prevé la ley.
La soberbia empresarial no es novedad en un continente donde, en los últimos años, los medios concentrados se han resistido con fiereza a aceptar leyes destinadas a democratizar y favorecer la pluralidad de voces en la comunicación y permitir la aparición de nuevos canales de expresión. En Ecuador, por ejemplo, los sectores privilegiados que por décadas monopolizaron la información, llevaron sus quejas hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando en junio de 2013 entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, que derogó la ley promulgada en 1975 durante la dictadura militar y dispuso reasignar el 34 por ciento de las frecuencias de radio y televisión a medios comunitarios, el 33 por ciento a medios públicos y el 33 por ciento a empresas privadas.
En la Argentina, la Corte Suprema de Justicia rechazó en noviembre una apelación de la autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) contra una medida cautelar que suspendió hasta febrero de 2016 el procedimiento para realizar una transferencia de oficio y lograr que el Grupo Clarín se adecue a los límites antimonopólicos establecidos por la Ley de Medios de comunicación Audiovisual. Con diversas apelaciones y medidas cautelares interpuestas por sus abogados, el Grupo ha logrado que hasta hoy no haya podido aplicarse plenamente la ley aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2009 y a la que el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, consideró “un ejemplo para el continente y el mundo”.
En Venezuela, los ataques de los grupos monopólicos han sido más groseros y se ha montado toda una gran operación a nivel internacional. Sin embargo, en el caso de la estación de televisión RCTV –que fogoneó el golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002 y a la que posteriormente no le fue renovada la licencia al término de la concesión otorgada- la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que “el Tribunal constata que el espectro radioeléctrico es un bien público cuyo dominio corresponde al Estado y por tanto su titularidad no puede ser reclamada por los particulares. Por ello, no es posible afirmar que RCTV y, en particular, sus accionistas hubieran adquirido algún derecho o titularidad sobre el espectro”.
El sitio Infobae, en un informe del año 2013 sobre “los polémicos proyectos de ley de medios en América latina” dijo que “el presidente Evo Morales, en Bolivia, también logró la sanción de una norma que le otorga al Estado mayor control sobre los medios electrónicos e intervenciones telefónicas”. Y señala que “mediante la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, el presidente indígena le quitó la mayor representación a los medios privados y ahora cuenta con el 66% del control del espectro”. Sin embargo, no parece existir tal control ya que en la televisión abierta los cuatro principales canales privados reciben el 70% de la facturación publicitaria encabezados por el canal Unitel, del Grupo Monasterios, que tiene decenas de miles de hectáreas para la explotación agropecuaria, principalmente en la región de Santa Cruz. También la Iglesia Católica sigue manteniendo su fuerte representación a través de una variada red de medios, como la influyente Radio Fides o el conocido semanario Presencia.
En la batalla por la libertad de expresión de estos últimos tiempos ha tenido un papel protagónico la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que condenó las leyes de medios sancionadas en la región porque supuestamente “restringen la libertad de prensa” y manifestó disconformidad con las normas impulsadas, entre otros, por los gobiernos de Venezuela, Ecuador, la Argentina o Uruguay.
La SIP, en realidad, no es más que el cártel de los grandes medios de la derecha, cómo El Mercurio de Chile, El País de Uruguay o El Comercio de Ecuador, sobre la que el historiador y periodista argentino Gregorio Selser dijo en 1974 que “ha tendido a inmiscuirse cada vez más prepotente y altaneramente en los asuntos internos de los países del continente, como si la OEA o algún otro organismo supranacional hubiera delegado en ella la visión de velar por los postulados de la libertad de prensa”. Nacida en 1943 en la Cuba del general Fulgencio Batista, la SIP trasladó en 1950 su sede a los Estados Unidos y a lo largo de su historia ha mantenido buena relación con la CIA y ha jugado su papel en apoyo a dictaduras militares o en la gestación de golpes “blandos” contra gobiernos progresistas del continente.
ALGO NUNCA VISTO
El pasado jueves 8 de octubre, Martín Cáceres y Diego Godín anotaron dos golazos para el primer triunfo logrado por la Celeste frente a Bolivia en la altura de La Paz, algo nunca visto hasta entonces. Y siguió sin ser visto por los uruguayos que ese día no estuvieran abonados al canal de cable VTV, como bien lo recordaron quienes impulsaron una protesta por esa grosera transgresión a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tenfield rechazó el pedido del director de Televisión Nacional, Joaquín Constanzo, para que la empresa cumpliera con la normativa de la Ley y entregara la señal para transmitir el partido.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) se dirigieron a la INDDHH, después del partido, para denunciar la “infracción grave” de la empresa Tenfield, que no entregó la señal para que la televisión pública lo transmitiera en abierto. El siguiente martes 13, día en que Uruguay enfrentó a Colombia en el Estadio Centenario de Montevideo, la INDDHH emitió una “medida provisional urgente” para que Tenfield cumpliera con las normas legales. Pero la empresa hizo su propia interpretación de los alcances de la LSCA y volvió a violar la ley, argumentando que estaba cuestionada su constitucionalidad, que la norma legal no estaba reglamentada y que si cumpliera lo establecido causaría un serio año a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) porque modificaría la ecuación económica del negocio. Tenfield compró los derechos de los partidos a la AUF por 12 millones de dólares.
La LSCA fue objetada desde principios de año por varias empresas que presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia y el presidente Tabaré Vázquez anunció en marzo que no reglamentará la ley hasta que el supremo tribunal se pronuncie, lo que generó malestar en algunos sectores del gobernante Frente Amplio. La ausencia, por ahora, de la reglamentación, no impide que la norma legal tenga plena vigencia.
El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, dijo que su institución “no tiene nada que ver” en el asunto de la cesión de la señal, aunque compartió uno de los argumentos de la empresa al decir que “el pedido se basa en la ley de Medios, sobre la que hay un recurso de constitucionalidad pendiente”.
Tenfield tampoco habilitó para la televisión abierta el partido Ecuador-Uruguay disputado en Quito el 12 noviembre y la INDDHH se dirigió entonces al titular de la Secretaría Nacional de Deportes, Fernando Cáceres, y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) con una “recomendación expresa” para que se le aplique una sanción a la empresa.
Pero Tenfield se victimizó alegando que la resolución de la INDDHH "resulta ilegítima, excesiva y abusiva", que hace un planteo "absolutamente fuera de las competencias" de ese organismo estatal” y que “pretende perjudicar indebidamente" a la compañía.
El diario El País –que recientemente, cuando un grupo de estudiantes, movilizados por reivindicaciones de mayor presupuesto para la enseñanza, ocupó la sede de la Administración Nacional de Educación Pública, pidió que cayera sobre ellos todo el peso de la ley- intervino esta vez para quebrar una lanza en ayuda de quienes desobedecen la ley. Uno de sus columnistas escribió en la página editorial del 15 de octubre que “el ‘interés general’ (que menciona la ley de comunicación) no se refiere a la educación ni a la salud. Tampoco a la vivienda o la alimentación. Se trata tan solo de ver en directo y por TV un conjunto de partidos de un equipo de fútbol profesional que representa a una asociación deportiva, en un torneo internacional que organiza una federación con sede en Zúrich. No estamos ante un espectáculo organizado por el Estado y financiado con dineros públicos con fines culturales o de esparcimiento, sino uno privado, cuyos organizadores y propietarios viven de vender entradas, merchandising, publicidad y derechos de televisación a otras empresas”.
“No estamos ante un acto de justicia social sino de demagogia”, dictaminó el columnista.
El director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, el uruguayo Gustavo Gómez, declaró al autor de esta nota para La Tecl@ Eñe que “la ley está vigente, aunque no esté reglamentada. No sólo lo decimos las organizaciones que reclamamos la aplicación de esta ley, sino que lo establece la INDDHH en su fallo, y lo dice con claridad”.
Gómez -quien es también Integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), fue titular de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinatel), estuvo adscripto al Poder Ejecutivo como asesor en temas de telecomunicaciones durante la gestión de José Mujica y fue uno de los redactores originales de la LSCA- se ha referido antes a la “apología del desacato” y dijo ahora que, si no se aplica, se está “violando una ley aprobada por un Parlamento democrático”, y que parecería que “para algunos hay leyes buenas y leyes malas, y que estas últimas se pueden violar sin problema”.
En su resolución, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo aclaró que “el 29 de diciembre de 2014 fue promulgada la Ley Nº 19.307, por la que se estableció la regulación de la prestación de los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, introduciendo modificaciones a la normativa preexistente”. Agregó que “no existe en nuestro ordenamiento norma jurídica que sujete la vigencia de las normas legales al dictado de una norma de tipo reglamentario”. Y también subrayó que “tampoco existe norma alguna que disponga que una Ley que está siendo accionada de inconstitucionalidad, total o parcialmente, no pueda ser aplicada en ningún caso hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie”.
Al mismo tiempo, varias organizaciones vinculadas a la comunicación manifestaron su inquietud porque en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal recientemente propuesto por el Poder Ejecutivo no menciona a la LSCA ni le asigna fondos, ni siquiera para el funcionamiento del futuro Consejo de Comunicación Audiovisual, que estará integrado por cinco miembros.
Francisco "Paco" Casal
EL IMPERIO CASAL
Francisco Paco Casal, uno de los hombres más ricos del Uruguay, es el dueño de Tenfield, donde tiene como socios fuertes a los ex futbolistas Enzo Francescoli y Nelson El Tano Gutiérrez. Además de VTV –que televisa el fútbol, el basquetbol, la Vuelta Ciclista del Uruguay y el Carnaval- es también propietario de Gol TV, canal de cable que lleva el deporte a varios países de América latina.
De origen muy humilde, fue alcanzapelotas en el Estadio Centenario y un modesto jugador juvenil del club Defensor, de donde fue transferido sin cargo al Real Madrid. Con buen olfato para las relaciones públicas, y mejor para los negocios, tejió provechosos vínculos con dirigentes de clubes especialmente de España e Italia y se convirtió en representante de jugadores. Su primera transferencia que le dejó buena ganancia fue la de Enzo Francescoli, del Wanderers de Montevideo a River Plate de Buenos Aires en 1983. Con el tiempo pasó a representar a la mayoría de los futbolistas uruguayos, amasó una fortuna y acrecentó su influencia en la AUF. Posteriormente entró en el negocio de la televisión, siempre pisando fuerte.
La transmisión de los partidos de Uruguay en esta fase eliminatoria fue solicitada por la televisión pública, el Canal 5, pero ninguno de los tres canales privados de televisión abierta (4,10 y 12) manifestaron interés por hacerlo. Sería contradictorio que lo reclamaran, porque todos ellos han denunciado la supuesta inconstitucionalidad de la LSCA.
En Uruguay, la televisión es el medio más consumido y sus dueños son tres grupos familiares convertidos en grupos económicos: Romay (Canal 4), De Feo-Fontaina (Canal 10) y Cardoso-Scheck (Canal 12), que controlan el 95,5% del mercado de la televisión abierta uruguaya, según el estudio “La televisión privada comercial en Uruguay” (2011), de Edison Lanza y Gustavo Buquet. También están asociados a medios gráficos y radioemisoras, tienen canales abiertos en el interior del país, acuerdan sus espacios, se reparten el negocio del cable y sólo tienen como competidor al Grupo Clarín que en los últimos años ha ingresado con Cablevisión. Además de obtener ganancias multimillonarias, durante medio siglo estas familias-empresarias han elaborado y reproducido los discursos hegemónicos de las clases dominantes.
En ese mundo ordenado entró Paco Casal, metiendo pechera como en el barrio, y ocupando nichos que no habían sido bien explotados, aprovechando sus vinculaciones con la gente del fútbol, principalmente. Su actividad silenciosa cada tanto emerge en medio de algún suceso con ribetes mafiosos.
En noviembre de 2005 el periodista de radio y televisión Diego Muñoz, hijo del relator de fútbol Carlos Muñoz, denunció a la justicia que el vicepresidente de Tenfield, Nelson Gutiérrez, lo llamó por teléfono y le advirtió que lo iba a matar, debido a sus comentarios radiales críticos a la empresa. “No me importa ir en cana ni nada, te voy a matar”, le dijo el empresario. El Tano admitió la amenaza cuando fue llamado por un tribunal, pero le explicó al juez que lo hizo en “un contexto especial” y que no quiso poner en riesgo la vida del periodista. La causa fue archivada.
En 2006, el entonces vicepresidente del club Peñarol, Juan Pedro Damiani, aseguró que Paco Casal amenazó de muerte al dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Juan José Ramos. Relató Damiani que en una reunión que mantuvo con Ramos en Buenos Aires, Casal –quien estaba acompañado por el Tano Gutiérrez- le advirtió al dirigente deportivo que no interviniera en un conflicto que él mantenía entonces con Peñarol, uno de los equipos de fútbol más populares de Uruguay. Casal le aclaró que si "se metía en ese lío" podría pagarle a un camionero “para que le pasara con el camión por encima y arreglar para que pareciera un accidente”, según la versión de Damiani.
La denuncia se produjo en momentos en que el fútbol uruguayo atravesaba una grave crisis, porque había sido eliminado en el “repechaje” con Australia después de perder por penales el 16 de noviembre de 2005 en el Telstra Stadium de Sydney y no pudo participar del Mundial de Alemania. Entonces el entrenador uruguayo Hugo de León afirmó que el fracaso se debió a que la selección celeste fue “privatizada” y está en manos de Casal, quien tiene los derechos de televisación, paga los técnicos y utiliza la camiseta del país en beneficio propio.
Peñarol quería rescindir en aquel momento el contrato de la AUF con Tenfield, porque Casal se había llevado a Europa, sin autorización, a sus jugadores Carlos Bueno, Cristian Cebolla Rodríguez y Joe Bizera. Bueno y el Cebolla fueron incorporados al París Saint Germain de Francia y Bizera al Cagliari de Italia, y la FIFA desestimó una queja de Peñarol que, finalmente, no pudo embolsar un centavo por el cambio de camiseta de sus jugadores.
Peñarol cumplió una de sus peores campañas y estuvo a punto de perder su permanencia en la Primera División, porque los árbitros trataban al equipo como si fuera un “club chico” por orden de Casal, según se decía entonces en Montevideo, Damiani afirmó que Casal le propuso a Ramos que “si los Damiani se van de Peñarol” él estaba dispuesto a pagar ocho millones de dólares para sanear las finanzas del club y contratar futbolistas para reforzar el plantel. Por último, surgió el humo blanco. Damiani y Casal se reunieron, todo volvió a la normalidad y los aurinegros volvieron a ser el club grande de siempre.
Las historias oscuras son interminables. El ex ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, se alejó de su cargo en 2012, después de varios enfrentamientos con Nelson Gutiérrez. Casal le ganó una pulseada a la DGI, que no pudo cobrarle unos 140 millones de dólares por pagos vinculados al no pago del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio por la transferencia de futbolistas.
El miércoles 15 de febrero de 2012, con 14 votos a favor y tres en contra, la Asamblea de clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobó extender hasta 2021 el contrato con Tenfield (que originalmente vencía en 2016) para transmitir en exclusividad los partidos del torneo local. Los que votaron en contra fueron Nacional, Wanderers y Liverpool. No hubo mayores repercusiones, a no ser que los tres clubes rebeldes no recibieron los 100 mil dólares de adelanto que Tenfield entregó a las otras instituciones antes de la votación.
Otro hecho que podría destacarse es que el domingo 11 de marzo de aquel año Liverpool venció 2-1 a Bella Vista y mantenía el liderazgo del Torneo Clausura uruguayo, con puntaje perfecto. Había ganado los cuatro partidos disputados hasta entonces. Sin embargo, ni su hinchada ni otros aficionados al fútbol habían podido mirarlo ese año por la TV. Tampoco se podían ver los partidos de Wanderers. Es que Paco Casal no se olvidaba de los díscolos. Solamente cuando fue ineludible esos equipos estuvieron en la pantalla de VTV.
Mediante el contrato firmado en 2012, la AUF cedió a Tenfield “los derechos de filmación y trasmisión en directo y/o diferido por televisión abierta y por cable, HD, 3D, televisión digital, Intranet e Internet, telefonía celular, tabletas u otros sistemas de nuevas tecnologías” que surjan en el futuro; “el derecho a trasmitir compactos, los derechos a la imagen de todos los actores del espectáculo, los nombres, la imagen de escudos y símbolos de los clubes, el derecho a instrumentar conferencias de prensa luego de los partidos, los derechos de la publicidad estática audiovisual y publicidad virtual de los campos de juego en que se desarrollen espectáculos televisados”. Todo por 72 millones de dólares.
Ahora Casal vuelve a meter pechera y no entrega la señal de los partidos de la Celeste para la televisión abierta. Alguna autoridad deberá poner las cosas en su lugar y hacer respetar la legalidad.
Montevideo, Uruguay, 1° de noviembre de 2015
*William Puente nació en Pintado, departamento de Florida, Uruguay. Desde 1960 fue redactor en los diarios El País, Hechos y La Idea y en el semanario Marcha, de Montevideo. Entre 1967 y 1971 estuvo en las mesas de edición latinoamericana de Inter Press Service, en Santiago de Chile y en Montevideo. Desde 1973 en Buenos Aires, en los diarios Noticias, El Mundo, La Razón y Sur, las revistas Análisis, El Periodista y El Ciudadano, las agencias EFE y ANSA y el noticiero del Canal 7 de televisión donde también fue realizador de El Latinoamericano. Entre 2004 y 2007 a cargo de la oficina de ANSA en la capital uruguaya.