La política está cargada de símbolos que relacionan discursos, acciones, objetos y personas. Distinguen orígenes, se constituyen como orientaciones, alejan postulados, conforman decisiones.

 

En el Parlamento chileno se homenajeó a Jaime Guzmán, muerto en 1991 en una acción reivindicada como propia por una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), estrecho colaborador de Augusto Pinochet, miembro del grupo paramilitar Patria y Libertad y de la comisión redactora de la constitución política de la dictadura, aún hoy vigente -a pesar de haber nacido en plena proscripción y persecución políticas, veda electoral y censura-. Llegó a senador por imperio de esa constitución con sistema binominal por el cual la derecha se reserva la mitad de los cargos sin importar su caudal electoral (asumió como senador con sólo el 17% de los votos). Su imagen se instauró como principal estandarte de la ultraderecha y es recordado en cada acto político para insistir en el discurso anticomunista, el mismo que derivó en la persecución, la tortura y la desaparición de personas. Su muerte es presentada como una violación a los derechos humanos para equipararla con los crímenes de la dictadura. Testimonios lo vinculan con la Colonia Dignidad –un reducto de nazis que prestó sus instalaciones para conformar un campo de detención ilegal- donde dio clases a otros dirigentes de la UDI.

 

Dicho homenaje parlamentario fue realizado apenas asumida Michelle Bachelet y contó con la asistencia de todas las bancadas, incluso la de los comunistas, que llegaron a diputados a partir de sus acuerdos con la Concertación -integrada por la Democracia Cristiana y el Socialismo- hoy en el gobierno. La excepción fue Camila Vallejo, que optó por mantenerse en su asiento mientras el resto de sus pares se paraba en señal de respeto. Como fruto de las presiones desde la misma alianza, Vallejo debió decir que hizo un minuto de silencio en su fuero interno en recuerdo de Guzmán. Para algunos, una claudicación incomprensible de un partido fuertemente golpeado por la dictadura. Para otros, un modo de arribar a consensos en esta nueva etapa institucional que se abre con Bachelet y la posibilidad de discutir una reforma tributaria –la derecha ya alzó su voz en contra-, un nuevo sistema educativo –Vallejo es coautora de un proyecto de ley- y una reforma constitucional y electoral, que permita una verdadera representatividad popular –y la derecha debe ser tentada, para avanzar por los cauces institucionales que actualmente existen-. Para otros tantos, se trató exclusivamente de un gesto para mantenerse en una alianza que retribuye con empleos y cargos, y donde el precio es por demás alto pero a pocos importa.

 

Cruzando la cordillera, Lo de Milani –que parece no tener marcha atrás, a pesar del debate generado- puede motivarse en distintas razones, como manejar la fuerza militar sin sobresaltos el último tramo de gobierno, volcarla a tareas que se creen necesarias, o porque no confían en civiles para las labores de inteligencia, más allá de los límites legales. Los coletazos del proyecto de Formosa y del asunto Milani han generado distintas fricciones que mellan la política oficial en materia de derechos humanos, porque se tiende a equiparar conductas diferentes en su gravedad, y porque han instalado un criterio parecido al de Franklin D. Roosevelt respecto de Anastasio Somoza, de quien decía “puede ser que sea un hijo de puta, pero en todo caso es nuestro hijo de puta”. Dicho de otro modo, con Milani se estableció la necesidad de un pronunciamiento judicial definitivo, cuando no es la inocencia de una persona acusada en un proceso penal lo que está en juego, sino la idoneidad para ocupar un cargo político. Y con semejante acusación va de suyo que no reúne los requisitos. Es una cuestión exclusivamente política y no judicial. Sin embargo, han reforzado esa línea miembros de la Procuración General de la Nación abocados a los juicios de lesa humanidad -en una nota publicada en Página 12 - y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo - en el programa “La noche de Mirtha”, donde dijo que Milani debía ser echado si se comprobaba su participación; es decir que, mientras tanto, continúe en su cargo-. Manifestaciones de ese tenor cambiaron drásticamente el criterio de los organismos de DDHH desde hace más de 20 años, en cuanto a que si había un militar acusado de violaciones a DDHH, no debía ser promovido. Entonces, cuando se hace referencia al avance de la investigación judicial en torno a Milani, se busca blindar la decisión gubernamental de las críticas que desde el mismo ámbito de derechos humanos –y de otros sectores- se han formulado.

 

Pero ahí no termina el asunto, porque durante el acto realizado el último 24 de marzo por los organismos afines al gobierno, se leyó un documento que sostenía el mismo criterio: Milani puede seguir en su cargo porque no hay un pronunciamiento judicial. El kirchnerismo ha incorporado a miembros de organismos de DDHH que no dejaron sus lugares en esas ONG y hablan en su representación, cuando, en verdad, son funcionarios. Otros, sin ser funcionarios, claramente se transformaron en piezas importantes en el tablero oficialista. La mención a Milani – que ni siquiera era necesaria para sostenerlo- parece propia de quienes hacen más de lo que se les pide, con la inevitable desnaturalización del rol de los organismos, que hoy esos funcionarios no deberían representar. Semejantes acciones desconocen los orígenes de la resistencia en la misma plaza de mayo, debilitan la lucha y deslegitiman objetivos (ni mencionar la aparición pública de la titular de Asociación Madres de Plaza de Mayo junto a Milani hablando, como viejos compañeros, de proyectos en común).

 

Algunos signos implican atravesar el grave riesgo de la imposibilidad del retorno (lo que tal vez podría evitarse no teniendo dobles roles, porque no se puede ser oficialista y conformar una ONG cuyo rol esencial es el de controlar los actos estatales). Homenajeando a Guzmán, el comunismo chileno –y, claro está, también el socialismo- oculta a las víctimas de la dictadura –a las que de algún modo reconoce- y a tantos perseguidos que, hasta hoy, tienen vedados sus derechos, incluso los políticos. Del otro lado de la cordillera, por ceder al discurso de la derecha se equiparan situaciones desiguales -legitimándose el accionar estatal de ese entonces- y se sostiene a un militar, a pesar de las acusaciones en su contra. Los daños en el ámbito de los DDHH y en la propia política gubernamental en ese aspecto, aún no han sido debidamente evaluados.

 

*Abogado- Fundación Liga por los Derechos Humanos.